Dina Boluarte suspende comparecencia ante Fiscalía: ¿Qué resolución espera para declarar en caso Cofre?
El avance de la investigación ahora está en manos del Poder Judicial.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, decidió no presentarse este martes en el Ministerio Público, donde debía declarar por el llamado caso Cofre, investigación por presunto delito de encubrimiento personal.
La decisión fue anunciada por su abogado, Juan Carlos Portugal, quien a través de sus redes sociales explicó que la apelación sobre el control de plazos de la investigación sigue pendiente, por lo que la mandataria no acudió a la citación.
Según Portugal, el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Boluarte fue recibido y concedido el 18 de febrero de 2025, pero aún no es resuelto por la instancia correspondiente.
"Ya lo informamos a esta institución", indicó el abogado, refiriéndose al Ministerio Público, al cual ya se le había comunicado la postura de la defensa.
La apelación busca cuestionar los plazos establecidos para la investigación y se encuentra en espera de una resolución final.
Este caso motivó gran atención, ya que se vincula con el uso presuntamente irregular de un vehículo presidencial en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, durante un operativo policial en febrero de 2024.
En este contexto, la presidenta Boluarte se acogió inicialmente al derecho de guardar silencio hasta que se resolviera su solicitud para cerrar la investigación por exceso de plazos.
Sin embargo, el Poder Judicial rechazó esa solicitud, permitiendo que la investigación continúe, lo que motivó la citación a la mandataria para declarar en el caso.
Ante la decisión de la defensa de esperar la resolución de la apelación, Boluarte no compareció ante la Fiscalía. Su abogado reiteró que agotarán todas las vías judiciales disponibles para esclarecer la situación.
El panorama se complica aún más con otras indagaciones que la presidenta enfrenta. El lunes, en el marco del caso Qali Warma, Boluarte respondió durante más de cinco horas a cerca de 50 preguntas del Ministerio Público.
La decisión de su defensa de recurrir al control de plazos en el caso Cofre muestra una estrategia legal centrada en la espera de la resolución de la instancia recursal, antes de que la presidenta se pronuncie oficialmente sobre los hechos que se le imputan.
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