Errores en acuerdo con Odebrecht pasan factura: Suspensión en cooperación judicial de Brasil no se limitaría a solo 90 días

El abogado procesalista Wilber Medina alertó sobre una fractura irreversible en la cooperación judicial entre Perú y Brasil, tras conocerse que el gobierno brasileño suspendió por 90 días la asistencia jurídica en el marco del caso Lava Jato.

Según argumentó, esta medida evidencia el agotamiento de un acuerdo que calificó como "fallido", debido a su diseño deficiente y la falta de previsiones ante incumplimientos por parte de los colaboradores brasileños.

“Este es el inicio del fin de la colaboración judicial con Brasil”, advirtió Medina, al sostener que el convenio firmado con Odebrecht entregó facilidades excesivas a la empresa sin asegurar compromisos firmes de cooperación.

Según explicó, el pacto no estableció sanciones para los exdirectivos como Jorge Barata, quienes —dijo— brindan testimonios a discreción y sin consecuencias por su inacción.

Desde su perspectiva, la Fiscalía peruana carece de herramientas para exigir cumplimiento. “Ni Vela ni Domingo Pérez pueden imponer medidas efectivas, y lo único que han intentado es solicitar prisiones preventivas como represalia simbólica”, cuestionó el abogado.

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Frente a esta situación, Medina advirtió que Brasil considera vulnerado el espíritu del acuerdo y analiza convertir la suspensión provisional en una ruptura definitiva.

“Durante estos 90 días, el gobierno brasileño evaluará si Perú ha utilizado la información suministrada para perseguir a los propios colaboradores de Odebrecht, lo cual contraviene las condiciones pactadas”, señaló.

Como consecuencia de este quiebre, el jurista estimó que podrían paralizarse solicitudes de extradición importantes, como la de Nadine Heredia.

En caso de una eventual fuga de Susana Villarán o incluso del expresidente Martín Vizcarra, una extradición sería complicada. Según afirmó, estos personajes podrían encontrar refugio en territorio brasileño, bajo la protección de un asilo de facto.

En contraste, el fiscal Rafael Vela —coordinador del Equipo Especial Lava Jato— minimizó el impacto de la decisión brasileña. Aclaró que se trata de una suspensión temporal que no afectará el avance de las investigaciones.

“No hay ningún tipo de afectación en nuestras diligencias ni en la judicialización del caso”, afirmó Vela, quien destacó que las autoridades peruanas ya están atendiendo los requerimientos del país vecino y evitó descartar un posible fracaso en las pesquisas que lleva adelante su grupo de trabajo.

Pese a estas declaraciones, Medina insistió en que la influencia de Odebrecht en el Ministerio Público distorsiona gravemente el rumbo de la justicia peruana. A su juicio, la constructora habría operado con privilegios indebidos, promoviendo o desplazando fiscales según su conveniencia desde que desembarcó en el país.

Con posturas enfrentadas, el caso reabre el debate sobre la eficacia y la legitimidad de los acuerdos de colaboración suscritos por el Estado peruano.

Mientras la Fiscalía busca sostener la investigación Lava Jato, voces críticas como la de Medina advierten que, sin garantías recíprocas ni sanciones claras, la justicia peruana corre el riesgo de quedar subordinada a intereses extranjeros.

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