Fallo del TC terminaría beneficiando a Pedro Castillo, según César Nakazaki: ¿de qué manera?
Medida que suspende investigaciones contra presidenta Dina Boluarte por delitos comunes podría, paradójicamente favorecer a su predecesor.
La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la inmunidad presidencial, aunque parece proteger a la actual mandataria Dina Boluarte, podría convertirse en una poderosa herramienta legal para la defensa de Pedro Castillo.
El abogado César Nakazaki expuso un análisis que revela las posibles consecuencias de esta controvertida resolución.
Según las declaraciones del litigante, la sentencia contiene errores jurídicos al reducir la investigación preliminar a meras "diligencias urgentes", una interpretación que, a su juicio, es inexacta.
Sostuvo que la protección del artículo 117 de la Constitución debe limitarse a los "actos de función", no a los delitos comunes.
"El presidente está superprotegido respecto de actos presidenciales, pero respecto de delitos comunes, o de actos que él realiza, aprovechándose del cargo, tipo caso Sarratea o lo que podría ser Rólex o cirugías, esto no está dentro de la protección constitucional de inviolabilidad", afirmó en entrevista con Canal N.
La postura del jurista deja entrever que, si se aplica la nueva doctrina del TC, las investigaciones por delitos comunes que se iniciaron contra Pedro Castillo durante su mandato serían nulas.
Estas acusaciones de corrupción no están contempladas en el artículo 117, único supuesto que la sentencia del TC permite investigar.
MÁS INFORMACIÓN: Pedro Castillo consigue inscribir su partido desde prisión: todos los aspectos de la decisión del JNE
"Si vamos al análisis jurídico, hay algunos errores, y si vamos al análisis político, no han ayudado a Boluarte porque el próximo año va a estar procesada, pero a Pedro Castillo sí le han dado una poderosa arma política", indicó Nakazaki.
En ese contexto, la defensa del chotano podría usar este fallo para argumentar que todo el proceso penal en su contra, por delitos como organización criminal y tráfico de influencias, es inconstitucional.
Una potencial anulación de las pruebas y diligencias obligaría a la Fiscalía a comenzar de cero, lo que podría dificultar enormemente la persecución judicial.
Cabe recordar que Pedro Castillo se encuentra en prisión preventiva por su golpe de Estado de diciembre de 2022, un delito que sí es sancionado por el artículo 117 de la Constitución.
Su detención actual se basa en el delito de rebelión, pero enfrenta otras acusaciones de corrupción por casos como el de Sarratea. Su prisión preventiva, que concluye en menos de cuatro meses, es un factor clave en su situación legal.
Más sobre Pedro Castillo
Cajamarca: PJ ordena cárcel para trabajadores por colusión en Mercado Zonal Sur
Delia Espinoza dice: “No persigo a quien me cae mal”, pero pide reabrir casos improcedentes
Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.