Fiscal de la Nación insiste en desacreditar proceso de JNJ y se victimiza antes de audiencia

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó enérgicamente el proceso disciplinario iniciado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en su contra, al que calificó como arbitrario, ilegal e inconstitucional. En declaraciones a un medio local, afirmó que la medida busca retirarla del cargo de manera irregular y sin sustento jurídico. La audiencia para evaluar una posible suspensión fue convocada para este viernes 19 de septiembre.

“Quieren sacarme de mala manera...Están actuando desesperadamente. Los señores van a terminar en la cárcel porque han cometido avocamiento indebido, usurpación de funciones, actos que han sido denunciados oportunamente ante el Congreso de la República, pero, ¡oh sorpresa!, los han archivado totalmente”, denunció Delia Espinoza, quien sostuvo que la JNJ está actuando con desesperación y fuera de sus competencias.

Espinoza también alertó que la pretensión de suspenderla constituye una vulneración directa a la autonomía del Ministerio Público, y en particular de la Junta de Fiscales Supremos (JFS), que, aseguró, le ha ratificado su respaldo y la reconoce como fiscal de la Nación elegida conforme a la legalidad vigente.

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“No están respetando la decisión de la Junta de Fiscales Supremos”, subrayó, al tiempo que insinuó que detrás del proceso podría haber una represalia por decisiones pasadas. “Yo diría que es hasta una venganza por lo que no lograron el 16 de junio”, agregó, haciendo referencia a eventos previos que involucraron a la exfiscal Patricia Benavides.

Respecto a las acusaciones de desacato, la titular del Ministerio Público negó incurrir en tal falta. Aseguró que, para la fecha en cuestión, la exfiscal Benavides seguía suspendida o destituida, por lo que no estaba habilitada para reasumir funciones. “La misma JNJ lo sabía. Están forzando la figura”, afirmó.

Espinoza también puso en duda su asistencia a la audiencia del viernes. Aclaró que solo se presentará si antes se corrigen las inconsistencias procesales que —según ella— invalidan el procedimiento. Su principal reclamo es la falta de garantías legales en el proceso impulsado por la JNJ.

Finalmente, remarcó que no se trata de una defensa personal, sino de una lucha por la institucionalidad del Ministerio Público. “No me aferro al cargo. Esto es un tema de legalidad, de respeto a la autonomía, al artículo 158 de la Constitución”, concluyó.

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