Fiscal José Domingo Pérez en la mira: investigan posible inconducta por declaraciones tras muerte de exfuncionario ligado a Susana Villarán
Abogado habló sin autorización sobre caso en plena contingencia.
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) inició “actuaciones previas” que podrían desembocar en un proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial del caso Odebrecht. Esta medida responde a sus declaraciones a medios de comunicación tras la sorpresiva muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima y uno de los principales implicados en el caso Susana Villarán.
Según la resolución emitida por la ANC, se advierte una presunta inconducta funcional por parte de Pérez, quien habló públicamente sobre un caso sensible y en investigación, sin que exista claridad sobre si contaba con autorización institucional. La directiva de “Vocería Institucional del Ministerio Público”, aprobada en noviembre de 2024, establece protocolos claros que deben cumplirse antes de ofrecer declaraciones en nombre de la institución.
El documento señala que el fiscal Pérez podría haber incumplido la normativa al dar declaraciones a la prensa sin ser el vocero designado o sin haber comunciado al responsable de la vocería descentralizada, tal como exige la Ley Orgánica del Ministerio Público. Este punto es clave, ya que la actuación mediática de un fiscal debe responder a criterios de legalidad y prudencia, más aún en casos con alta exposición pública.
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El hecho ocurre en un contexto particularmente delicado: el fallecimiento de José Miguel Castro, ex brazo derecho de Villarán y aspirante a colaborador eficaz en la investigación, quien fue hallado muerto en su vivienda de Miraflores el 29 de junio. La decisión de Pérez de declarar casi inmediatamente después del suceso elevó incomodidad dentro del Ministerio Público.
La ANC solicitó a la Oficina de Imagen Institucional que emita un informe detallando si Pérez contaba con la autorización correspondiente para brindar declaraciones en este caso. De ser afirmativa la respuesta, deberán justificar el motivo de la “excepcionalidad” que permitió aquella intervención mediática. En caso contrario, se investigará si el fiscal comunicó adecuadamente a sus superiores o voceros institucionales.
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