Fiscales superiores designados por Delia Espinoza la defienden a capa y espada: ¿lealtad institucional o conveniencia?
Emitieron un pronunciamiento público en respaldo a su continuidad como Titular del Ministerio Público.
Un grupo de fiscales superiores del Ministerio Público, muchos de ellos nombrados en sus actuales cargos por Delia Espinoza, difundieron este lunes un pronunciamiento público en defensa de su gestión como fiscal de la Nación, en medio del tenso conflicto institucional por la restitución de Patricia Benavides. La sorpresiva declaración, firmada por diez fiscales coordinadores nacionales, desata cuestionamientos sobre la independencia del mensaje.
El documento fue emitido tras la llegada de Patricia Benavides a la sede principal del Ministerio Público para retomar su cargo, conforme a la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que anuló su destitución y ordenó su inmediata reposición como fiscal suprema y jefa del Ministerio Público. Espinoza, sin embargo, rechazó cumplir con la medida y acusa una presunta maniobra para removerla del cargo por la fuerza.
En el comunicado, los fiscales afirman que la elección de Espinoza como fiscal de la Nación en 2024 se realizó de acuerdo con la Constitución, y denuncian “intentos de desnaturalizar la autonomía del Ministerio Público”. También expresan su respaldo a su liderazgo en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad. Sin embargo, el respaldo fue recibido con suspicacia, debido a la cercanía funcional y jerárquica entre los firmantes y la fiscal en funciones.
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Entre los firmantes figuran Frank Almanza, Katharine Borrero y otros fiscales superiores que ocupan posiciones estratégicas dentro de las fiscalías especializadas. La aparente coordinación del pronunciamiento con el mensaje que Delia Espinoza difundió en redes sociales ese mismo día llevó a sectores críticos a calificarlo como un acto de “sobonería” o “dependencia funcional” más que una defensa genuina de la institucionalidad.
En paralelo, Espinoza acusó al Gobierno de dejarla sin seguridad, responsabilizando al Ministerio del Interior por no reforzar la protección en la sede institucional. Además, se declaró víctima de un intento de “golpe al Estado democrático” y aseguró que no abandonará el cargo. “Hago responsable a las autoridades competentes frente a cualquier atentado a mi seguridad personal”, señaló.
A pesar de la resolución firme de la JNJ, Delia Espinoza continúa atrincherada en el cargo, ahora arropada por funcionarios que le deben el nombramiento. La situación evidencia una fractura institucional profunda, en la que los respaldos públicos pueden reflejar más una alineación política o funcional que una defensa real del orden constitucional.
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