Fiscales supremos arremeten contra Congreso y Ejecutivo por Ley 32326 que favorece al crimen organizado
El Ministerio Público rechazó la Ley 32326 por debilitar la extinción de dominio y proteger patrimonios ilícitos vinculados a corrupción y lavado de activos.
La Junta de Fiscales Supremos lanzó un contundente pronunciamiento contra la Ley 32326, norma recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo que modifica la Ley de Extinción de Dominio. Para el Ministerio Público, esta nueva legislación representa un retroceso peligroso en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, el crimen organizado y los delitos medioambientales.
En una declaración encabezada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, los fiscales supremos expresaron su “rotundo rechazo” a esta ley que debilita los instrumentos legales del Estado para intervenir patrimonios de origen ilícito.
“La modificación aprobada exige una sentencia firme y consentida, lo que extiende los plazos de intervención y dificulta el decomiso de bienes ilegales”, advirtió Espinoza.
El pronunciamiento critica que el Ejecutivo haya promulgado la norma sin atender las advertencias técnicas del Ministerio Público ni de otras instituciones especializadas que alertaron sobre el impacto negativo de la medida. La ley tampoco recogió recomendaciones internacionales en materia de lucha contra el crimen organizado, lo que —según los fiscales— nos ubica como “un país en franco retroceso”.
Con la nueva redacción legal, la acción de extinción de dominio pasará a prescribir en cinco años, cuando antes era de carácter indefinido. Esto, en opinión del Ministerio Público, es una concesión directa a redes criminales que buscan legalizar activos mal habidos mediante maniobras jurídicas y lentitud procesal.
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“El Estado pierde con esta ley una herramienta eficaz, rápida y autónoma para recuperar bienes adquiridos mediante corrupción o crimen organizado”, precisó Espinoza.
Llamado al Congreso y Poder Ejecutivo
El Ministerio Público enfatizó que la ley afecta directamente casos emblemáticos donde los imputados poseen fortunas sin justificación legal, y que ahora podrán aferrarse a interminables procesos judiciales para impedir el decomiso de esos bienes.
Además, la Junta de Fiscales lamentó que esta norma se haya aprobado sin un debate abierto, transparente ni técnico, lo que evidencia un manejo político que favorece intereses oscuros por encima de la justicia y la protección del Estado.
Finalmente, los fiscales supremos hicieron un llamado al Congreso de la República y al propio Poder Ejecutivo “a recapacitar y revertir esta legislación regresiva” que, lejos de fortalecer el sistema judicial, debilita peligrosamente la respuesta del Estado ante mafias, corruptos y depredadores ambientales.
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