Fiscalía acusa a José Luna Gálvez de encabezar organización criminal y pide más de 22 años de prisión
Requerimiento incluye también a 18 personas y dos entidades jurídicas por presuntos delitos cometidos para facilitar la inscripción de Podemos Perú.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada presentó una acusación penal contra el congresista José Luna Gálvez y solicitó una pena de 22 años y ocho meses de prisión efectiva por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico.
La investigación lo señala como cabecilla de una red que operó desde 2014 para controlar ilegalmente organismos electorales y facilitar la inscripción del partido político Podemos por el Progreso del Perú (hoy Podemos Perú).
El requerimiento incluye a 19 personas naturales y a dos personas jurídicas —la Universidad Privada Telesup y la organización política en mención—. El Ministerio Público atribuye a los implicados delitos como organización criminal, cohecho en sus distintas modalidades, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Fases de presunta red
De acuerdo con la acusación, la red criminal impulsó una estrategia de tres fases. En la primera, integrantes de la organización intervinieron en la elección del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Para ello, captaron a exconsejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a quienes ofrecieron beneficios económicos financiados por la Universidad Telesup, a fin de impedir la ratificación de Mariano Cucho y favorecer el nombramiento de Adolfo Castillo.
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En la segunda etapa, ya con Castillo al frente de la ONPE, la organización colocó en cargos estratégicos a funcionarios vinculados a la universidad o al entorno del grupo investigado. Según el Ministerio Público, ese copamiento permitió ejercer control político dentro del organismo electoral.
La tercera fase incluyó la inscripción irregular del partido fundado por Luna Gálvez. Funcionarios designados por la red habrían acelerado el proceso de verificación de firmas, vulnerando los principios de legalidad y transparencia que rigen el sistema electoral peruano.
Penas y multas para involucrados
El requerimiento fiscal también plantea penas de 16 años y cuatro meses para José Luna Morales y José Cavassa; y de 26 años para los exconsejeros Guido Águila y Sergio Noguera.
La Fiscalía solicitó además inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y multas económicas, entre ellas una de 500 UIT para Telesup (S/ 2,775,000) y otra de 250 UIT para el partido Podemos por el Progreso del Perú (S/ 1,337,500).
Asimismo, el Ministerio Público pidió el impedimento de salida del Perú por 18 meses para diez de los imputados, mientras avanza el proceso judicial.
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