Fiscalía apelará libertad de Martín Vizcarra y pedirá prisión preventiva
Abogado Guillermo Aliaga explicó que nuevo juez podrá ratificar, modificar o incluso anular medida impuesta.
El Ministerio Público anunció que insistirá en su pedido de prisión preventiva por seis meses contra el exmandatario Martín Vizcarra, luego de que el juez Víctor Alcocer, de la Corte Superior Nacional, decidiera otorgarle libertad con restricciones mientras continúa el juicio por presuntos sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
La defensa fiscal presentó el recurso de apelación correspondiente y el caso pasará ahora a la Tercera Sala de Apelaciones, donde un nuevo magistrado evaluará si revierte o confirma la decisión adoptada en primera instancia.
Así lo confirmó el abogado y excongresista Guillermo Aliaga, quien explicó que el nuevo juez podrá ratificar, modificar o incluso anular la medida impuesta.
“La apelación será vista por la sala de apelaciones de la Corte Superior Nacional, y es allí donde se definirá si Vizcarra afrontará el proceso en libertad o en prisión preventiva”, indicó Aliaga.
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Además, precisó que la audiencia podría reprogramarse dentro de tres o cuatro semanas y que la decisión del tribunal se notificará por escrito.
Antes de ello, el juez Alcocer deberá revisar los requisitos formales del recurso fiscal para determinar si procede remitirlo a la instancia superior.
En caso de que se cumplan las condiciones legales, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, será quien represente al Ministerio Público durante la nueva audiencia.
La Fiscalía, encabezada por el fiscal Germán Juárez Atoche, busca que Vizcarra afronte el proceso en prisión preventiva hasta que culmine el juicio iniciado en octubre de 2023, por presuntamente haber recibido sobornos de empresas constructoras durante su mandato regional.
En paralelo, la defensa legal del exjefe de Estado también evalúa apelar las restricciones dictadas por el Poder Judicial.
Estas medidas incluyen el impedimento de salida del Perú, la obligación de presentarse mensualmente ante el juzgado para manifestar sobre sus actividades y el sometimiento a un control biométrico. Asimismo, se le prohíbe acudir a embajadas o comunicarse con personal diplomático.
“Ambas partes tienen derecho a apelar, y lo harán. Lo importante es que este proceso se resuelva en el marco del debido proceso y con imparcialidad”, enfatizó Aliaga.
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