Fiscalía denuncia a ministro Morgan Quero por incitación a discriminación contra niñas de comunidades awajún
Exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, también enfrenta querella por respaldar discurso cuestionado.
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, por el presunto delito de incitación a la discriminación en su modalidad agravada.
El Ministerio Público también incluyó en el documento a la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández Cajo, quien respaldó públicamente las declaraciones del titular de Educación.
Ambos funcionarios emitieron afirmaciones que, según la Fiscalía, “promueven y legitiman la exclusión y desvalorización de niñas indígenas víctimas de violencia sexual”, lo que configura una incitación agravada a la discriminación. La denuncia fue remitida al Congreso de la República para su evaluación y eventual procedimiento político-penal.
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Los hechos que motivaron esta acción se remontan a junio del 2024, cuando Quero declaró ante medios de comunicación que el Ministerio de Educación buscaría una salida al problema de los abusos sexuales cometidos por docentes contra niñas de las comunidades awajún y wampis, incluso “si es una práctica cultural”.
Esa frase provocó una ola de indignación en organizaciones de derechos humanos y colectivos indígenas, que acusaron al ministro de relativizar actos de violencia sexual contra menores de edad.
“Vamos a buscar algún tipo de solución para zanjar esta situación, incluso si es una práctica cultural”, sostuvo el titular del Minedu en un momento que desató críticas a nivel nacional.
La reacción institucional tampoco corrigió el rumbo. Por el contrario, la entonces ministra de la Mujer, Ángela Hernández, afirmó que “se trata de prácticas culturales que debemos desterrar”, en una intervención pública que ahora también es parte del expediente fiscal.
El Ministerio Público interpretó que estas declaraciones, lejos de sensibilizar sobre la gravedad de los hechos, normalizaron una narrativa de estigmatización contra niñas pertenecientes a pueblos originarios, históricamente expuestos a violencias estructurales.
Por ello, atribuyó a ambas autoridades la presunta comisión de un delito contra la dignidad humana.
La denuncia constitucional busca activar el control político del Congreso, que deberá determinar si existe mérito para levantar el fuero de los implicados y permitir un eventual proceso penal.
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