Fiscalía denuncia a Pedro Castillo, Geiner Alvarado y Félix Chero ante Congreso: acuerdos ilícitos dentro del aparato estatal
También está involucrada la empresaria Sada Goray.
La Fiscalía de la Nación formalizó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo; el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado; y el exministro de Justicia, Félix Chero, por su presunta participación en delitos vinculados a actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones públicas.
El Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía sustentó que Pedro Castillo, en su calidad de jefe de Estado, solicitó dinero a Geiner Alvarado a cambio de mantenerlo en el cargo ministerial. Según la acusación, esta presunta exigencia configura el delito de cohecho pasivo impropio, en perjuicio del Estado peruano.
Por su parte, los fiscales también atribuyen a Geiner Alvarado el delito de cohecho pasivo propio. La imputación sostiene que el entonces ministro exigió sobornos a la empresaria Sada Goray Chong, a través de su entonces asesor Salatiel Marrufo, a cambio de realizar cambios en el directorio del Fondo Mivivienda, favoreciendo así los intereses de la empresa Markagroup.
Las investigaciones indican que este esquema de corrupción habría facilitado el manejo irregular de recursos públicos por más de 376 millones de soles, destinados por el Ministerio de Economía y Finanzas para programas habitacionales.
Asimismo, la denuncia involucra a Félix Chero Medina por su presunta intervención en un acuerdo ilícito. Según la Fiscalía, Chero pidió a Alvarado una suma de dinero para concretar el cambio del superintendente nacional de la Sunarp, gestión que este último habría solicitado directamente a Castillo.
La Fiscalía subrayó que “los hechos configuran presuntos delitos graves contra la administración pública y el principio de legalidad”, razón por la cual elevó el caso al Parlamento, a fin de que se activen los mecanismos de control político y jurídico sobre los exfuncionarios.
La denuncia presentada constituye una nueva etapa en las investigaciones fiscales contra los altos exmandatarios que formaron parte del círculo más cercano al expresidente Pedro Castillo. El Congreso deberá ahora evaluar la admisibilidad del caso y, de encontrar mérito, autorizar el inicio del proceso penal correspondiente.