Fiscalía ejecuta megaoperativo por presunta red de corrupción en programa Wasi Mikuna: detenidos y allanamientos
Presunta organización criminal operaba con empresa proveedora Frigoinca SAC, según hipótesis.
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios llevó a cabo un megaoperativo en cuatro regiones del país. La intervención busca esclarecer presuntos actos de corrupción en el Programa Nacional Wasi Mikuna.
Ayacucho (Huamanga y Huanta), Amazonas (Chachapoyas), Cajamarca y Ucayali (Pucallpa) fueron los escenarios de los allanamientos. En total, 11 inmuebles fueron intervenidos por mandato judicial.
Las diligencias estuvieron dirigidas por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta. El operativo incluyó la detención preliminar de cuatro funcionarios vinculados al sistema de alimentación escolar comunitaria.
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Se trata de especialistas alimentarios investigados por integrar una presunta organización criminal. La Fiscalía sostiene que habrían recibido sobornos de la empresa proveedora Frigoinca SAC, contratista del Estado.
En el despliegue participaron 11 fiscales, personal de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público y 117 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Intervinieron tanto la Dirección de Inteligencia (Dirin) como la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).
“Se ejecuta el mega operativo de allanamiento de 11 inmuebles con fines de detención preliminar judicial”, publicó la Fiscalía en su cuenta oficial de X. La acción judicial incluyó incautación de documentos clave.
Extinción de Wasi Mikuna
Wasi Mikuna, ex Qali Warma, fue clausurado tras la publicación del Decreto Supremo N.º 006-2025-MIDIS. El Ejecutivo declaró en emergencia el servicio alimentario escolar tras múltiples casos de intoxicación en colegios públicos.
La caída del programa, sin embargo, no solo responde a fallas sanitarias. Las pesquisas fiscales revelan un sistema presuntamente cooptado por intereses privados en colusión con funcionarios encargados de garantizar alimentos a escolares.
En paralelo al proceso penal, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) implementa modalidades alternativas de asistencia. Entre ellas, la transferencia directa de dinero a las familias bajo condiciones específicas.
Este caso pone en evidencia debilidades institucionales en los controles de compras públicas. La corrupción en programas sociales no solo implica pérdidas económicas, sino consecuencias directas en la salud y bienestar de niños y niñas. La Fiscalía continúa con las diligencias reservadas en busca de ampliar responsabilidades.
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