Fiscalía recurre al TC: interpone demanda contra cambios en Ley de Extinción de Dominio
En paralelo, Delia Espinoza trabaja en una segunda demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.° 32330, que reduce la edad penal a los 16 años.
La Fiscalía de la Nación interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar la modificación de la Ley de Extinción de Dominio.
La fiscal Delia Espinoza tomó esta decisión al advertir que la nueva versión de la norma, promulgada el 9 de mayo, excluye delitos como el lavado de activos y la criminalidad organizada, considerados pilares del accionar delictivo en el Perú.
El recurso ya fue firmado por Espinoza y se encuentra en trámite en la mesa de partes del Tribunal. La titular del Ministerio Público denunció que esta ley "no está ayudando para esta lucha", y sostuvo que representa un “retroceso” en los mecanismos legales para combatir las redes de corrupción.
La exigencia de una sentencia firme para activar el proceso de extinción de dominio, según señaló, permite que los investigados continúen beneficiándose de los bienes obtenidos de manera presuntamente ilícita.
Durante su participación en una entrevista con un medio local, la fiscal reafirmó su oposición a la norma e insistió en que esta debilitación normativa podría “asegurar o incluso incrementar la impunidad sobre las ganancias ilícitas”.
Además, criticó la actuación del Congreso por haber aprobado la ley sin acoger las advertencias del Ministerio Público. “El Congreso aprobó esta ley y el Poder Ejecutivo no nos escuchó para que llegue a observar dicha aprobación”, manifestó.
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La fiscal también alertó sobre el impacto concreto de la exclusión de delitos como las extorsiones, el sicariato y otras manifestaciones de criminalidad organizada. “Esta norma ha dejado fuera justamente esos delitos”, reclamó.
En paralelo, la Fiscalía trabaja en una segunda demanda de inconstitucionalidad. Espinoza anunció que su equipo prepara un recurso contra la Ley N.° 32330, que reduce la edad penal a los 16 años.
La fiscal criticó esta medida por considerarla una respuesta simplista ante una problemática estructural. “¿Qué pasa si más adelante los criminales organizados comienzan a utilizar a niños de 15, 14 o incluso 13 años? ¿Vamos a seguir bajando la edad penal?”, cuestionó con preocupación.
Frente a este escenario, Espinoza propuso una alternativa basada en la prevención y la justicia juvenil restaurativa.
“La respuesta tiene que ir en una política de justicia juvenil restaurativa que también estamos liderando desde el Ministerio Público”, aseguró.
Además, recordó que cualquier norma nacional debe “respetar los tratados internacionales” suscritos por el Perú en materia de derechos humanos.
La fiscal supuestamente “defiende” el rol constitucional del Ministerio Público y reiteró que no es la primera vez que su institución recurre al Tribunal Constitucional para impedir que el orden legal se vea alterado.
Como antecedentes, mencionó la demanda contra la norma que pretendía entregar la conducción de las investigaciones preliminares a la Policía Nacional del Perú (PNP), y otra relacionada con los delitos de lesa humanidad.
Vale indicar que diversos congresistas expresaron su rechazo a las declaraciones de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a quien acusaron de provocar confrontación entre instituciones del Estado.
El legislador Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, calificó como inaceptables las expresiones de la fiscal, a quien exhortó a respetar la institucionalidad democrática.
“A las instituciones hay que respetarlas. Cuando las cabezas de estas entidades atacan a otras instituciones, están yendo contra la democracia. Que aprendan a trabajar como corresponde y que no estén fomentando enfrentamientos sin sentido”, declaró Montoya.
A su turno, el congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, cuestionó que la titular del Ministerio Público haya iniciado su gestión con una “actitud confrontacional”, lo que consideró perjudicial para el país.
“Está mal que se utilicen los medios de comunicación para decir que hay leyes mal hechas. Ponerlas en cuestión de esa manera no me parece serio ni responsable por parte de una autoridad de ese nivel”, señaló.
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