Gobierno promulga ley que permite juzgar penalmente a menores de 16 y 17 años por crímenes: explicado punto por punto
Norma establece internamiento severo y programas de rehabilitación diferenciados.
El gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32330, que habilita al sistema judicial peruano a procesar penalmente como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos de alta gravedad.
La norma, publicada el 10 de mayo de 2025 en el diario oficial El Peruano, modifica el Código Penal y establece un régimen de internamiento con sanciones más severas, en respuesta al avance del crimen organizado que recluta menores para actos violentos.
Mediante esta reforma legal, el Estado busca frenar el uso de jóvenes en crímenes como el sicariato, la violación sexual o el terrorismo. La ley incorpora cambios a los artículos 20 y 22 del Código Penal y al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, permitiendo que estos menores afronten procesos bajo el sistema penal ordinario, sin necesidad de un régimen especial. Sin embargo, la edad del infractor podrá considerarse para atenuar la pena en algunos casos.
El texto legal reconoce más de 30 delitos que podrán ser juzgados bajo esta nueva modalidad, entre los cuales se encuentran el homicidio calificado, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y los delitos vinculados al narcotráfico. Las penas para estos crímenes dejarán de ser exclusivamente educativas y podrán implicar privación de libertad de hasta ocho años.
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En paralelo, la ley establece un régimen penitenciario diferenciado para jóvenes de entre 16 y 21 años, con un enfoque individualizado, terapéutico y científico. Las autoridades penitenciarias deberán implementar programas educativos, psicológicos y de desarrollo personal para este grupo, con el fin de facilitar su reinserción y reducir la reincidencia delictiva. La norma también dispone la separación de adolescentes y adultos en los centros de internamiento, en lo que se ha denominado “sistema de individualización científica”.
Por su parte, Alejandro Muñante, uno de los promotores de la propuesta, sostuvo que cuando un menor de 17 años incurre en un delito grave, “deja de ser considerado como un niño” y pasa a recibir una pena equiparable a la de un adulto, aunque con ciertos beneficios propios de una responsabilidad penal atenuada.
La promulgación de la ley se produce en un contexto alarmante: solo en los primeros meses de 2025, el Perú registró más de 640 homicidios, según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), lo que representa un aumento del 19 % respecto al año anterior.
A pesar de medidas como el estado de emergencia en Lima y Callao, la criminalidad persiste, y las autoridades intensificaron sus esfuerzos para contenerla mediante reformas legales como esta.
Al endurecer las consecuencias legales para adolescentes involucrados en delitos graves, el Gobierno apuesta por frenar su participación en el crimen organizado y cerrar espacios a la impunidad que, hasta ahora, se aprovechaba de su edad para eludir sanciones proporcionales a la gravedad de sus actos.
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