Golpe judicial a Nicanor Boluarte en caso 'Los Waykis en la Sombra'
¿Qué pasó?
El Poder Judicial asestó un duro revés a Nicanor Boluarte al rechazar su intento de apartar al juez Richard Concepción Carhuancho del proceso que afronta por el caso 'Los Waykis en la Sombra', vinculado al presunto delito de organización criminal.
La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso de apelación con el que la defensa del hermano de la presidenta Dina Boluarte buscaba que la causa pase a un juzgado penal ordinario, fuera del sistema especializado en criminalidad organizada.
Los magistrados concluyeron que la complejidad del caso y la naturaleza del delito investigado justifican plenamente la permanencia del expediente en el fuero especializado, que es competente en delitos de crimen organizado de alto impacto.
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La defensa de Boluarte Zegarra argumentaba que el caso no encajaba en ese régimen, pero el tribunal recordó que, según el Código Procesal Penal, los delitos cometidos dentro de una organización criminal pueden atribuirse a todos sus integrantes, incluso sin participación directa.
En paralelo, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria también declaró infundado un recurso presentado por Zenovia Herrera, exjefa del programa Qali Warma en San Martín, quien solicitaba archivar su investigación dentro del mismo caso.
De esta forma, las imputaciones por organización criminal se mantienen firmes contra todos los implicados en 'Los Waykis en la Sombra', donde Nicanor Boluarte figura como el presunto cabecilla de la red ilegal.
Caso 'Los Waykis en la Sombra': ¿de qué trata?
La tesis fiscal señala que esta presunta organización controlaba designaciones políticas en varias regiones, a través de cargos como prefectos y subprefectos, con el fin de consolidar poder en Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica, Cusco, San Martín y Cajamarca.
Entre los implicados también figura Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general de la Dirección General de Gobierno del Interior, quien habría actuado como pieza operativa en la red liderada por el hermano de la presidenta Dina Boluarte.
Las investigaciones se desarrollan bajo el marco de la Ley 32138, aprobada en octubre de 2024, que endurece el tratamiento penal de casos vinculados a crimen organizado y refuerza la competencia de jueces especializados como Concepción Carhuancho.
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