“Hay indicios para seguir investigando a Juan José Santiváñez”, dice penalista Mario Amoretti tras allanamiento al inmueble del ‘hermanísimo’
En el caso de Nicanor Boluarte, indicó que la Fiscalía puede pedir prisión preventiva por presunto tráfico de influencias.
El actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, estaría involucrado en delitos de corrupción y tráfico de influencias durante su paso por el Ministerio del Interior, como parte de una red delictiva en la que también participa el ‘hermanísimo’ Nicanor Boluarte, con la finalidad de beneficiar a una empresa minera a cambio de pagos ilegales.
Así lo señaló el abogado penalista Mario Amoretti, al comentar los recientes operativos del Ministerio Público que incluyeron el allanamiento al domicilio del hermano de la presidenta Dina Boluarte, así como la intervención a una oficina vinculada al coronel en retiro PNP Percy Tenorio.
Este último es investigado por las muertes registradas durante las protestas contra el Gobierno entre 2022 y 2023, y mantiene una relación de amistad y asesoría legal con Santiváñez.
Amoretti sostuvo que la jefa de Estado también podría ser incluida en las investigaciones de la Fiscalía por tráfico de influencias.
“Existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal por corrupción y tráfico de influencias contra la presidenta y Santiváñez, por la emisión de documentos con contenido falso”, declaró el penalista a EXPRESO.
‘Waykis en la Sombra’
El letrado citó partes de la carpeta fiscal del caso denominado ‘Waykis en la Sombra’, una supuesta red encabezada por Nicanor Boluarte. De acuerdo con la indagación, la mandataria habría solicitado a Santiváñez gestionar arraigo laboral para su hermano.
Según el Ministerio Público, Nicanor Boluarte visitó el estudio jurídico de Percy Tenorio con la intención de formalizar un contrato con la minera El Dorado.
En paralelo, cuando Santiváñez ejercía como ministro del Interior, habría recibido pagos de Francisco Parodi, empresario y representante de dicha minera.
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La labor consistía en montar operativos simulados –coordinados con Tenorio, exdirector de Operaciones Especiales (Diroes)–, con el fin de facilitar la recuperación de dos yacimientos mineros en Ayacucho.
Tenorio, además de estar vinculado al caso de represión en las manifestaciones, mantiene lazos de amistad con el hoy ministro de Justicia, según información fiscal.
“Resulta cuestionable emitir constancias laborales para aparentar vínculos formales de trabajo. Si se emitió dicho documento, existen motivos suficientes para investigar. Si el juez autorizó el allanamiento es porque halló documentación que respalda una posible comisión delictiva”, agregó Amoretti.
Futuro político
El abogado también explicó que será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República la que determine el destino político y legal de Santiváñez.
“El titular de Justicia no puede ser sometido a investigación preparatoria sin el visto bueno de la SAC. Primero debe ser censurado; luego, la Fiscalía podría continuar con el proceso, formular cargos y exigir reparación civil”, detalló.
Sobre el caso de Nicanor Boluarte, Amoretti afirmó que existe la posibilidad de solicitar prisión preventiva una vez corroboradas las acusaciones de tráfico de influencias.
“Los delitos por los que se le investiga conllevan penas de hasta ocho años por corrupción y seis por tráfico de influencias”, finalizó.
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