INPE evalúa traslado de Betssy Chávez tras huelga de hambre: ¿qué posibilidad hay de una reubicación penitenciaria?
Personal médico mantiene vigilancia constante sobre estado de salud de la interna.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que la Oficina Regional Lima analiza la petición presentada por la ex primera ministra Betssy Chávez Chino para ser trasladada a otro establecimiento penitenciario.
La solicitud, ingresada de manera conjunta con Astrid Jinnet Valdivia Huamán y Yajaira Santiago Ascencio, busca que las tres reclusas sean reubicadas en un mismo penal y bajo un régimen de mayor protección.
De acuerdo con la normativa vigente, los pedidos de traslado deben formularse de manera individual.
El organismo señaló que “la Oficina Regional Lima viene evaluando tal solicitud” y que el trámite se desarrolla bajo el marco del Reglamento del Código de Ejecución Penal.
Acusa hostigamiento, el INPE desmiente sus versiones
La exministra enfrenta un contexto de tensión desde que denunció presuntos maltratos dentro del penal Anexo Mujeres de Chorrillos (Santa Mónica). Chávez sostuvo que otras internas la hostigan y, en protesta, inició una huelga de hambre.
El INPE respondió a esas acusaciones y aseguró que no halló elementos que sustenten las versiones de la interna.
Acusaciones de Betssy Chávez carecen de sustento
“No existen elementos que corroboren o evidencien las presuntas amenazas o maltratos por parte de otras internas a la procesada Chávez Chino”, precisó el comunicado oficial.
La institución penitenciaria remarcó que mantiene vigilancia estricta sobre la situación de la exjefa del gabinete de Pedro Castillo.
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Además, indicó que un equipo médico supervisa de manera constante su estado de salud. Según detalló, Chávez inicialmente se negó a ser atendida, pero posteriormente aceptó someterse a una revisión tras recibir información sobre las consecuencias de su decisión.
En un segundo control médico, hecho a las 19:50 horas del último lunes, la expremier volvió a rechazar la atención.
Fiscalía y Defensoría reciben alertas pese a denuncias sin pruebas
Ante esa negativa, el INPE dispuso un monitoreo permanente y notificó tanto a la Fiscalía de Prevención del Delito de Villa El Salvador como a la Defensoría del Pueblo.
El organismo reiteró que garantiza “el respeto a los derechos fundamentales de los internos y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley”, al tiempo que subrayó su obligación de mantener el orden y la seguridad en los centros de reclusión.
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