Iván Torres La Torre: «Muchos de los fallos de la Corte IDH tienen un alto contenido ideologizado»
Jurista advierte politización y sesgo en instancia supranacional.
El jurista Iván Torres La Torre asegura que denunciar el tratado o la adhesión a la Comisión y a la Corte IDH es una situación compleja. A propósito de la demanda de Víctor Polay, afirma que el Perú ha ejercido pésimas defensas en esa sede y terminó allanándose a pretensiones que generaron grandes indemnizaciones a favor de condenados por terrorismo.
¿Le preocupa la demanda de Víctor Polay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?
La demanda del sentenciado y recluso Polay no me preocupa mucho. Lo que más me preocupa es la respuesta del Estado peruano frente a este tipo de acciones en sedes de justicia internacional, en la medida que se han visto casos insólitos, en donde los comisionados o agentes peruanos para defender los intereses de nuestras posiciones, terminaron allanándose a pretensiones que generaron grandes indemnizaciones a favor de condenados por terrorismo y por otros delitos. Espero que, en esta oportunidad, el Ministerio de Justicia tome el verdadero deber de cuidado y sea diligente en designar a un jurista debidamente preparado para responder como agente del Estado ante la CIDH. En realidad, no es una demanda que nos deba preocupar, porque el condenado e interno Polay Campos argumenta que se le vulneran sus derechos fundamentales porque no puede desarrollar su libertad religiosa y a su vez porque no puede desarrollar su derecho a la educación; pues bien, habrá que informar y hacer recordar a su vez, que el régimen carcelario aplicado a este sentenciado, es un régimen especial, cerrado, que se viene llevando a cabo en la Base Naval del Callao.
La libertad religiosa puede ser solucionada de manera muy simple, con visitas periódicas de un orientador religioso, de acuerdo al credo que profese el interno. En el tema de la educación, también se pueden tomar medidas, dentro del régimen especial en el que se encuentra. Pretender que su detención vulneró sus derechos humanos es absurdo, irracional, no resiste análisis. Hay que recordar la magnitud de los actos criminales que llevó a cabo Polay como cabecilla del MRTA.
¿Es momento de retirarnos de la CIDH?
Es una respuesta que la debe ofrecer la Cancillería peruana, el ministro de Relaciones Exteriores, junto con el ministro de Justicia, luego de un análisis profundo que debe ser elevado a la Presidencia de la República. Denunciar el tratado o la adhesión a la Comisión y a la Corte es una situación sumamente compleja que demanda un proceso de muchos actores que deben asesorar a la presidenta de la República. Como todo acto jurídico, trae costos y beneficios; lo importante es saber actuar en materia jurídica frente a esta sede supranacional de justicia, puesto que el Perú ha ejercido pésimas defensas en esta sede, sin negar que muchos de los fallos de la Corte IDH tienen un alto contenido ideologizado, politizado y sesgado y es precisamente eso lo que se debe evitar con defensas sumamente activas, con el respaldo y la voluntad política del Poder Ejecutivo.
¿Cuáles son los límites de la CIDH?
La CIDH recibe todas las solicitudes de ciudadanos que consideren que se están vulnerando sus derechos con las actuaciones de parte de agentes del Estado, ofreciendo medios probatorios e inclusive pueden solicitar medidas cautelares; sin embargo, todo esto es notificado al Ministerio de Justicia en el Perú y se genera un proceso sumamente lato, extenso y una vez concluido, la Comisión no necesariamente está obligada a pasar los actuados a la Corte IDH, puesto que puede archivar en sede de Comisión en Washington y no pasar el caso a la Corte en sede de San José de Costa Rica, situación que esperemos que suceda en el caso de Polay.
¿Es el terrorismo una etapa que hemos obviado de nuestra historia? ¿Por qué los jóvenes no toman conciencia de lo que significó el terrorismo?
Derrotado el terrorismo en el campo militar y operativo, los remanentes criminales y delincuenciales de los movimientos terroristas, se camuflaron y optaron por una estrategia política, siendo sus principales ejes de acción, trabajar en los sectores empobrecidos de la selva y la sierra en el nivel educativo, generando el resentimiento ideológico; luego crearon plataformas políticas u organismos de fachada como asociaciones cívicas, ONG, que infiltraron a los sindicatos y a las fuerzas gremiales. Tengamos en cuenta que primero se aproximaron, luego infiltraron y han saboteado a las organizaciones gremiales; no a todas, pero sí a muchas de ellas, generando nuevos cuadros políticos, infiltrados sobre todo en el sector Educación. Ellos generaron una red de infiltración en el Estado, con corrientes de opinión recibidas por algunos medios de comunicación, y manipularon a algunos personajes para llevar el discurso a la población. Han generado una estructura que nos ha invadido en el orden político y social. No solo sucede el Perú, sino en Latinoamérica.
Polay saldrá en libertad el 2026. ¿Qué jurisprudencia sienta el caso Polay?
El ordenamiento jurídico dispone el cumplimiento de las sentencias y la puesta en libertad del interno, situación que ha ocurrido en diferentes países, como con los etarras en España. Sin embargo, se tiene que trabajar la posibilidad a nivel Ministerio Público, en caso se pueda generar una investigación por nuevos hechos, nuevos delitos que pudieran procesarse, generando privaciones de la libertad, como lo han hecho en muchos casos contra oficiales de nuestras Fuerzas Armadas que combatieron el terrorismo, puesto que es innegable que esta fue una tendencia en un momento de la historia del Perú. Si no tuviera Víctor Polay otro mandato de detención ni acumulaciones de sentencias, lamentablemente se tendrá que cumplir con la libertad de un recluso que ha cumplido su condena en su totalidad, dejando a salvo la reparación civil que tendrá que pagar si es que no lo hubiera hecho.
En el caso Odebrecht, ¿se podría decir que los fiscales Vela y Domingo Pérez han fracasado?
No son pocos los cuestionamientos que la ciudadanía y un sector de la clase política ha formulado en contra de los fiscales del equipo Lava Jato, principalmente por la forma poco transparente en que se manejó el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el “blindaje” a la red e Odebrecht sería parte de la gran mafia izquierdista latinoamericana que se vio expuesta cuando se destapó esta red de corrupción. Sin embargo, hemos apreciado que el pasado jueves 7 de septiembre ha declarado Jorge Barata, ante la justicia peruana, por el caso Metro de Lima, por lo que sería prematuro hablar de un fracaso, sin perjuicio de los graves cuestionamientos que se mantienen contra este equipo de fiscales por la forma en que han conducido las investigaciones, generando muchas suspicacias por la falta de transparencia en el manejo de la comunicación con la ciudadanía, sobre todo por el especial interés y trascendencia del caso en investigación. Odebrecht firmó un acuerdo de cumplimiento con los EE.UU. y este se hizo público de manera inmediata.
¿Por qué las declaraciones de Odebrecht no tendrán valor para el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia?
Brasil ha puesto un freno a las investigaciones en el caso Odebrecht, al declarar la nulidad de las pruebas obtenidas en base al acuerdo de colaboración eficaz firmado en ese país y esto ha sido aprovechado por la defensa de Humala para obtener una medida cautelar e invalidar dichas pruebas. Es un tema procesal que amerita un análisis más profundo, en la medida que, las pruebas contra el expresidente no provienen solo de lo trabajado en Brasil, sino que fue la justicia de Suiza, a través de su Tribunal Federal la que envió una evidencias y pruebas en contra del Humala y de la ex primera dama; por lo que será trabajo de los fiscales a cargo del caso determinar el valor probatorio de los indicios y testimonios recabados.
Acuerdo con Odebrecht se mantuvo en reserva, afirma Iván Torres
El acuerdo firmado entre el Perú y Odebrecht es letra muerta. ¿Odebrecht se ha burlado del Perú?
Hablamos de una gran red de corrupción que no es fácil de combatir, más aún si este acuerdo firmado por Odebrecht se mantuvo en una extraña reserva y hasta hoy no existe una comprensión integral de su alcance y beneficio para la justicia peruana. En octubre de 2022, la justicia de Brasil anuló la cooperación jurídica con el Perú, ante un pedido de la empresa Novonor, la antigua Odebrecht, alegando que el Perú había incumplido los términos del acuerdo, que suponía no utilizar en Brasil las pruebas producidas en dicho país contra la empresa, compromiso que al parecer habría sido vulnerado por los fiscales peruanos, produciendo este escenario complejo. Se producen acusaciones de ambos lados que ponen en tela de juicio la efectividad del acuerdo, más aún si se otorgaron a Odebrecht cuestionables concesiones, como, por ejemplo, el pago de una reparación civil irrisoria de S/ 610 millones, a ser cancelada en “cómodas cuotas mensuales”, correspondiente a los proyectos que finalmente se consideraron en la colaboración eficaz. Por ello existen válidos cuestionamientos a la eficacia de este acuerdo.
¿Debe haber un recambio en el equipo de fiscales del caso Lava Jato?
Esta es una pregunta cuya respuesta debe ser producto de la evaluación que realice la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Fiscales, en base a la revisión de la actuación funcional y procesal de cada uno de los miembros del equipo fiscal que viene trabajando en este caso; es parte de la transparencia de la gestión pública, que todo funcionario esté sometido a evaluación constante y permanente de su gestión y que sobre todo, que cumpla con los deberes deontológicos que su cargo exige, como la objetividad, transparencia, imparcialidad y conducción de la investigación fiscal conforme a los preceptos constitucionales y a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Caso Bukele es sui géneris
“El caso Bukele es un caso sui géneris que no puede ser tomado como potencial réplica en América Latina porque somos un conjunto de Estados, cada uno con distintas realidades políticas y sociales e, incluso, con distintos mercados criminales. Si algo debemos replicar es, en todo caso, el compromiso y la efectividad en la lucha frontal contra la delincuencia organizada y contra los mercados criminales en el Perú. Asimismo, debemos repotenciar y mantener en el tiempo a los servicios de inteligencia policiales; solo así el Perú podrá reposicionarse como Estado frente al avance de la delincuencia organizada, que ha puesto en jaque al sistema de seguridad ciudadana en todos los niveles de gobierno, rebasando la capacidad de respuesta de la Policía Nacional. La novedad no es en sí el 'plan Bukele', sino la voluntad política del mandatario de El Salvador”.
Por Vladimir Rendón Acat
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