Jorge Chávez Tamariz lleva 6 meses sin decidirse si suspende o traspasa peajes de Línea Amarilla
A pesar de confesión de Susana Villarán, juez no resuelve medida cautelar expuesta el 10 de diciembre pasado.
En un hecho sin precedentes, un juez lleva seis meses, desde la última audiencia realizada, sin decidir si concede o no una medida cautelar. Se trata de Jorge Chávez Tamariz, sobre el cobro de peajes en la concesión Línea Amarilla.
Por ello, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le envió un escrito, solicitándole a Jorge Chávez Tamariz que resuelva a la brevedad posible, al ser un asunto de relevancia social frente al caso de megacorrupción Lava Jato.
“Solicito a su despacho se sirva emitir una decisión fundada en derecho, toda vez que mantener el cobro ilegal de peajes a cargo del concesionario Línea Amarilla, viene ocasionando grave perjuicio a la ciudadanía”, indicó.
“Siempre supe”
La audiencia se llevó a cabo el diez de diciembre pasado, luego de una reprogramación socilitada por el Ministerio Público. Tanto la Municipalidad de Lima, como el fiscal José Domingo Pérez, sustentaron que la confesión de Susana Villarán y del expresidente de OAS Leo Pinheiro (de que hubo entrega de dinero), permite esta medida.
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“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del ‘No’ a la revocatoria”, dijo la exalcaldesa en el 2019, mientras el brasileño admitió haber financiado con millones de dólares la campaña de la izquierdista, a cambio del incremento en el cobro de peajes.
Jorge Chávez Tamariz debe decidir tres puntos: si suspende totalmente el cobro en las casetas de la Vía de Evitamiento, si traslada la administración a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape), u ordena bajar el monto cobrado.
En 2016, OAS vendió sus acciones en esta concesión a Vinci Highways, la cual actúa bajo la razón social Lima Expresa S.A.C. y ha llevado al Perú a un arbitraje.
Condena
Respecto al incremento antitécnico de la tarifa de peaje, ya fue condenado Domingo Arzubialde, exfuncionario de confianza de Susana Villarán.
La concesionaria original, OAS, ha confesado que pagó sobornos a funcionarios de varios países.
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