José Miguel Castro murió esperando ser protegido por colaboración eficaz de José Domingo Pérez
Trascendió que existiría un método para dilatar el acogimiento a herramienta legal.
El fallecimiento del exgerente municipal José Miguel Castro revela la lentitud con la que el fiscal José Domingo Pérez condujo el proceso de colaboración eficaz en uno de los casos más emblemáticos del caso Lava Jato.
Castro, pieza clave en la investigación contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, esperó durante seis años la homologación de su colaboración con el Ministerio Público, sin que esta se concretara.
Durante ese largo periodo, el exfuncionario acudió reiteradamente a la Fiscalía para lograr su aceptación formal como colaborador eficaz. No obstante, el fiscal Pérez —figura mediática del caso Lava Jato— postergó sin explicaciones claras la resolución del acuerdo, manteniéndolo como imputado y dejándolo expuesto a riesgos.
Castro falleció el pasado fin de semana, sin ser protegido por ningún programa de testigos y sin resguardo legal alguno, lo que abre una nueva arista en el proceso a ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.
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“Estaba a la expectativa de que se pudiera concluir la colaboración eficaz, es más, la fecha para ya concluirla estaba fijada para el 12 de julio”, declaró Pérez Gómez tras conocerse las críticas. El fiscal responsabilizó a los cambios legales aprobados por el Congreso y a la defensa del fallecido por la demora.
La inacción fiscal no solo alcanzó a Castro. Fernando Silva, abogado de Leo Pinheiro —expresidente de la constructora OAS—, reveló que su patrocinado lleva más de siete años esperando la homologación de su colaboración, también bajo la supervisión de Pérez.
“Simplemente, cierra la etapa de corroboración y queda esperando cuando él tranquilamente puede generar el acuerdo y puede presentarlo al juzgado”, advirtió.
La dilación causó cuestionamientos sobre el manejo de los casos del equipo Lava Jato, especialmente cuando se trata de testigos que, sin el amparo del sistema de justicia, enfrentan amenazas o incluso la muerte. La discusión vuelve a poner en el foco la eficacia del modelo aplicado por José Domingo Pérez y sus implicancias legales.
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