Jueces de la Corte Suprema alertan sobre proyectos del Congreso: elevan pedido urgente
Según 10 magistrados, medida podría vulnerar la imparcialidad y autonomía de quienes ejercen la labor judicial.
Un grupo de 10 jueces de la Corte Suprema solicitó, de manera urgente, la convocatoria a una Sala Plena Extraordinaria para discutir el impacto de varios proyectos de ley que, según ellos, podrían afectar gravemente la independencia del Poder Judicial.
A través de un oficio, hicieron llegar su pedido al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, expresando su preocupación por las implicaciones que estas propuestas legislativas tendrían sobre las funciones jurisdiccionales.
El documento, firmado por los magistrados, resalta que el objetivo de la reunión será analizar los alcances de las iniciativas del Parlamento que, entre otras modificaciones, buscan sancionar a los jueces por emitir órdenes de detención preliminar o prisión preventiva que sean revocadas posteriormente.
Los jueces alertan que esta medida podría vulnerar la imparcialidad y autonomía de quienes ejercen la labor judicial.
Entre los proyectos que encendieron las alarmas en la Corte Suprema, se encuentra la reciente reforma a la Ley de Carrera Judicial, que ya fue aprobada en primera votación por el Congreso.
Esta normativa establece severas sanciones, incluyendo penas privativas de libertad e inhabilitaciones, si una decisión judicial, como una prisión preventiva, es anulada en instancias superiores.
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Oswaldo Ordóñez, presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima, fue uno de los primeros en advertir los riesgos de estas reformas.
“Se está criminalizando la función judicial y fiscal al equiparar una diferencia de criterio con un acto delictivo”, manifestó en una entrevista. Esta postura también ha sido compartida por la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM), quienes igualmente han solicitado a Arévalo la convocatoria a una reunión de emergencia.
Los jueces también expresaron su inquietud por otros proyectos que proponen modificar el Código Procesal Constitucional, lo que consideran un intento por debilitar las capacidades de control del sistema judicial. Entre ellos, la eliminación de medidas cautelares inmediatas y la creación de zonas exentas de control judicial.
Por último, la iniciativa presentada por el congresista José María Balcázar, que busca someter las decisiones judiciales al Tribunal Constitucional antes de aplicar el control difuso, ha generado más tensión.
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