Jueces y fiscales que encierren policías podrían ir a la cárcel: todo sobre el proyecto presentado por Francis Allison
En los últimos años, diferentes juzgados de todo el Perú trataban a los miembros de la Policía Nacional como si fueran delincuentes.
El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, presentó un proyecto de ley para tipificar como prevaricato si un fiscal pide prisión preventiva contra un policía que abata a un delincuente, así como el que un juez le conceda esta medida.
“Respecto a la ley de protección policial, esta existe desde el 2020 y dice expresamente que el policía que dispara, causando lesiones o muerte en una persona –entiéndase un maleante– no puede ser sujeto a prisiones preventiva o preliminares. Tiene que estar libre mientras dure su juicio”, dijo a un medio local.
En los últimos años, diferentes juzgados de todo el Perú trataban a los miembros de la Policía Nacional como si fueran delincuentes, cuando disparaban, golpeaban o abatían a criminales en flagrancia. Esto mereció críticas de todos los sectores, incluso del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.
“Esta ley se hizo de manera cuidadosa y se puso un artículo que dice que no se aplica la ley de protección policial si el policía viola derechos humanos en su intervención. Hace unos meses vimos a un policía que mata en el piso a un maleante. A él no se le aplica esta ley y, a mi entender, está bien apresado durante el proceso”, mencionó.
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Asimismo, el congresista Juan Burgos pidió que de una vez se debatan y/o realicen los predictámenes sobre su propuesta de normas contra el terrorismo urbano.
“Exhorto al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Américo Gonza, a dictaminar los proyectos de ley que presente desde el año 2023 y que aún no se le ha dado el trámite correspondiente para su aprobación en esta comisión”, sostuvo.
Hasta hace unos meses, la legisladora Milagros Rivas presidía este grupo de trabajo, pero Perú Libre la cambió porque demoraba el trabajo.
Contra la ley, advierte Francis Allison
“Lo que esta ley modifica expresamente es que el fiscal que pide requerimiento (de prisión preventiva) y el juez que la concede comete el delito de prevaricato, que es dictar resolución contra mandato expreso de la ley”, agregó Allison.
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