Justicia penal sin rostro en Perú: debate sobre su regreso [ANÁLISIS]

Me refiero a aquellas propuestas o declaraciones que provienen de distintas fuentes o sectores políticos, que hacen referencia a la necesidad de restituir en nuestro medio judicial, otra vez, el sistema de justicia relacionado con los llamados “Tribunales sin Rostro”. Hablamos de magistrados que ventilan y resuelven causas judiciales por delitos graves en materia de responsabilidad penal y que, por razones obvias, se ven precisados a mantenerse en el anonimato funcional frente a posibles represalias derivadas de la criminalidad y la delincuencia.

Se sustenta la propuesta en que, de esa manera, se estaría brindando protección y seguridad personal a los magistrados en cuestión. Sin embargo, se trata de revivir una controversia jurídica y política que poco o nada ayudó en la práctica cotidiana en la lucha contra el terrorismo y la subversión, considerando los magros y contraproducentes resultados obtenidos. Nos hace recordar una época turbia y oscura de la justicia penal en el Perú, en la que los jueces administraron justicia escondiendo sus rostros, lo que derivó en numerosas violaciones y arbitrariedades.

Riesgo subyacente

En todos los sistemas de justicia penal del mundo, siempre subsisten riesgos y peligros latentes cuando se trata de procesar y condenar a delincuentes que han cometido delitos graves. Estos crímenes suelen estar relacionados con mafias, grupos de poder y organizaciones criminales dispuestas a todo con tal de intimidar a la justicia y, por ende, a la población.

Dirimir responsabilidades penales siempre ha implicado asumir riesgos funcionales, especialmente cuando están en juego intereses económicos y de otra naturaleza entre la justicia y el crimen. Nos enfrentamos a individuos inmersos en esquemas de naturaleza criminal que recurren a la violencia como el mejor antídoto contra las autoridades. Estas organizaciones criminales no dudan en imponer su poder mediante amenazas, intimidaciones y asesinatos selectivos de jueces, fiscales o policías, buscando generar un impacto psicológico y social.

Existen numerosos casos de magistrados asesinados por mafiosos o terroristas como una forma de imponer el terror y el miedo, y disuadir a las autoridades de actuar contra ellos.

Todos corremos riesgos

Frente a la inseguridad ciudadana y la proliferación del crimen, todos los ciudadanos enfrentamos diferentes formas de peligro en los planos personales, laborales o familiares. Sin embargo, en el caso de jueces, policías o fiscales, los resultados y efectos son de mayor magnitud porque representan a la justicia y la autoridad.

Los ciudadanos, por otro lado, llevamos la peor parte, debido a la falta de medios de protección y a los altos niveles de exposición al crimen y la violencia.

Antecedentes negativos

Uno de los peores antecedentes en la historia de la administración de justicia en el Perú fueron los tribunales sin rostro, que operaron durante la época del terrorismo y la subversión. Estos tribunales juzgaron de manera anónima a cientos de personas sin pruebas suficientes, aprovechándose de procesos sumarísimos que se llevaron al extremo mediante el anonimato jurisdiccional. Este esquema obedecía más a consignas políticas que a razones legales.

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Fue el mismo exmandatario Alberto Fujimori, promotor de esta política, quien años después reconoció ante la comunidad internacional los abusos y arbitrariedades que se cometieron bajo este sistema.

Privaciones injustas

Muchas personas inocentes fueron encarceladas injustamente y condenadas por jueces cuya identidad se desconocía. No existían pruebas ni indicios suficientes en su contra, y se dictaban sentencias basadas en conjeturas, testimonios de terceros o declaraciones anónimas.

Años después, se tuvieron que implementar fórmulas legales forzadas para liberar a cientos de inocentes que cumplían penas privativas de la libertad. Estos abusos se revirtieron mediante comisiones políticas, aunque ni el Estado reconoció los daños ni se indemnizó a las víctimas.

Panorama criminal actual

Cualquier iniciativa para restituir los tribunales sin rostro implicaría implementar un sistema de justicia penal diferente y autónomo, diseñado para juzgar delitos de particular gravedad, como el crimen organizado, el asesinato selectivo, la extorsión, el lavado de activos y la minería ilegal. Estos casos requieren pruebas objetivas e inobjetables, dadas las severas sanciones involucradas.

A diferencia de la época del terrorismo, en la que un simple documento policial podía iniciar un juicio oral, ahora los procesos judiciales tienen etapas diferenciadas, cada una con sus propias características y exigencias legales.

Actores judiciales

En el pasado, los procesos sin rostro se desarrollaban en secreto, sin la presencia de medios de comunicación ni del público. En cambio, actualmente, los juicios penales son públicos y visibles para cualquier ciudadano.

Participan numerosos actores, como procesados, policías, fiscales, abogados, procuradores, testigos, peritos y magistrados. La pregunta es: ¿sería posible mantener en secreto la identidad de todos estos participantes bajo las exigencias legales y operativas actuales?

Cualquier atentado contra la integridad de uno de estos actores tendría el mismo efecto desestabilizador. Por ello, revivir este tema parece más una propuesta demagógica que una solución real. Se trata de una iniciativa de poco o nulo beneficio en la lucha contra el crimen y la inseguridad ciudadana, especialmente en un contexto donde el sistema de justicia enfrenta grandes dificultades.

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