La farsa de la colaboración eficaz de Jorge Barata: mitos y realidades de la delación
Ejecutivo de Odebrecht manipuló el sistema judicial peruano para evadir sanciones y seguir operando impunemente, señala.
Era previsible que la colaboración eficaz del investigado Jorge Enrique Simoes Barata, en algún momento, tuviera que ser revocada ante la mentirosa y fraudulenta colaboración del citado personaje. Hablamos de un colaborador emblemático, malicioso y nada arrepentido, respaldado por una transnacional de gran poder económico y político.
Desde un principio, bajo el designio de los mismos empresarios extranjeros que lo respaldaban, tuvo claro que su rol no era otro que entramar las investigaciones judiciales en nuestro país para distanciar cualquier posibilidad de sanción, manipulando la información de la que disponía a su antojo y conveniencia, y burlándose de nuestras autoridades.
Un personaje vinculado con la corrupción, con una amplia experiencia en la forma y manera de corromper a la clase política y empresarial de nuestra nación, y con objetivos soterrados y encubiertos que debía cumplir como parte de un gran plan de impunidad. No analizar a Jorge Barata de tal manera implica ingenuidad, candidez, carencia de experiencia y falta de ideas claras respecto al fenómeno de corrupción que se enfrenta.
Experiencia Frondosa
Hablamos de un sujeto premiado por la legislación peruana, con una amplia experiencia en materia de corrupción y el manejo de todos y cada uno de sus entramados. Conocía muy bien la idiosincrasia de nuestros políticos, funcionarios y empresarios nacionales, fácilmente corruptibles, como él mismo lo señalaba.
Refieren noticias que este personaje, en algún momento de su sinuosa trayectoria en materia de corrupción, se permitió afirmar que la clase de corrupción que había conocido en nuestro país era poco comparable con las que había visto en otras naciones.
Se trata de un colaborador que siempre estuvo consciente de que la mejor manera de salir airoso de las graves imputaciones en su contra y de transferir los bienes de las empresas que representaba, era sustentar una apariencia de buen, responsable y convincente colaborador, frente a funcionarios judiciales poco expertos o improvisados que no solo siempre le creyeron, sino que poco o nada sabían de los verdaderos entretelones y manejos perversos que imperan en la corrupción global.
Una labor estratégica de delación de un supuesto arrepentido, que debía ser implementada con objetivos, métodos y metas claras y puntuales, para hacer de la delación su mejor escudo de protección legal, siempre, por supuesto, con la anuencia o ayuda de funcionarios nacionales dispuestos a valorar su verdad a como diera lugar, aunque careciera de contenido.
Lo que decía Jorge Barata era más que suficiente para estar conscientes de que se trataba de una verdad legal, absoluta y valedera respecto a posibles culpables o inocentes.
Colaborador estrella
Nos referimos a un “colaborador” catalogado por nosotros mismos como “estrella”, que manejó a sus anchas e intereses sectarios o personales toda la vasta gama de información selectiva, privilegiada y estratégica respecto al mapa nacional en materia de corrupción sistémica. Hablamos de tener conciencia de quiénes eran los corruptos o de las fórmulas más convincentes para volver a casi todos corruptos.
De esa manera, corrompió a políticos, funcionarios, abogados, árbitros, periodistas y a casi todos aquellos personajes que se interpusieran en sus planes y objetivos. Siempre lo hizo de manera soterrada y encubierta, como parte de una diplomacia protocolar en materia de corrupción, en complicidad con muchos personajes que, dicho sea de paso, hasta ahora pasan desapercibidos, como si en nada hubieran intervenido.
Hablo de todos aquellos enjuiciados, develados, denunciados y cómplices directos o indirectos, personas públicas, jurídicas o privadas y empresarios, que por omisión o comisión, contubernio, complot, complicidad, asociación o componenda, o como quiera señalarse, hicieron posible que la empresa Odebrecht hiciera, deshiciera y manejara a su antojo la misma gobernabilidad de toda nuestra nación como parte de su propio negocio y de una corrupción sistémica.
Autoridades y empresarios deshonestos
Jorge Barata hizo lo que hizo (y lo sigue haciendo), no solo por la falta de controles en su accionar, sino porque fueron nuestras autoridades las que se lo permitieron, como ahora lo conocemos. Concibió, a su criterio, el manejo de una amplia gama de relaciones públicas y privadas, sin que nadie se lo impidiera o lo objetara, con miras a copar toda la gobernabilidad de nuestro país.
Tan cierto es lo que afirmo, que se dice, con testigos fiables, que durante su permanencia se refería a que podía poner y sacar a ministros y a cualquier otro que se interpusiera en sus designios. Hablamos de ministros, jueces, fiscales, parlamentarios, banqueros, políticos, empresarios y todo aquel que no lo apoyara en sus planes.
Igual realizó lo mismo con un sector importante de nuestra clase empresarial. Hablamos de un colaborador o delator que forjó una alianza estratégica en materia de corrupción e impunidad durante varios años, si de lo que se trataba era sustraerle al fisco nacional la mayor cantidad de recursos como producto de un esquema de corrupción para penetrar instituciones y desmerecer la gobernabilidad y, en última instancia, a la democracia.
Funcionarios controladores La pregunta que nos hacemos es dónde estaban las autoridades nacionales –con contadas excepciones– que nada hicieron para impedir el menoscabo de la moral nacional. Que se sepa, hasta antes del develamiento de la corrupción de Odebrecht en el extranjero, en nuestro medio no se llevó a cabo ninguna acción de fiscalización en contra de Odebrecht. La impresión es que todos estaban felices y contentos.
Este fenómeno de corrupción fue develado en una jurisdicción de otra nación, que es la que hizo público un escándalo de corrupción que nunca se había visto antes. Solo fue a raíz de su develamiento que, recién en nuestro país, se decidió nombrar jueces, fiscales y procuradores especializados, con todos los altibajos, decisiones y contradicciones que se suscitaron al respecto. Si todo ello no se hubiera conocido, en nuestro país posiblemente nada se hubiera llevado a cabo sobre el particular.
Legalidad de la corrupción
La legalidad de la corrupción es una dimensión aún poco conocida y explorada en nuestro medio. Lo que hasta ahora sabemos es que, para amparar la impunidad, se modificó el Código Procesal Penal para hacer interminables las investigaciones sobre cada caso. Igual se hizo con la ley de colaboración eficaz, para hacer posible que las empresas asociadas con Odebrecht se acogieran a los beneficios de un proceso de colaboración, que en realidad convirtió este trámite en una fórmula de premiación a la corrupción.
El Poder Ejecutivo de aquel entonces, en coordinación con el Parlamento, emitió una ley con nombre propio, la que bajo el ámbito de los incentivos para que se pagaran las reparaciones civiles, con el paso de los años, se convirtió en un manto de impunidad e incluso de vergüenza nacional.
Colaboración ineficaz
Conforme se han llevado a cabo los procesos de colaboración, poco se ha logrado frente a la gran corrupción y sus relaciones con la política. Al contrario, en muchos casos, la colaboración se ha convertido en un proceso de ineficacia e incompetencia del propio Estado, más orientado en proteger los intereses de la gran corrupción. Que se sepa, en la concesión de los beneficios de la colaboración, la impresión es que más se ha beneficiado a los propios corruptos que, en la gran mayoría, hasta ahora aparecen como airosos frente a un futuro de lucha contra la corrupción.
En el caso de Jorge Barata, criterios como los de objetividad, certeza, ponderación, racionalidad, seguridad y previsión, poco fueron tomados en consideración para concederle el estatus de colaborador. Los resultados son evidentes: estamos frente a una persona que se escudó en la colaboración e hizo de la misma el mejor medio para lograr la impunidad.
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