“La JNJ ha premiado la incapacidad de José Domingo Pérez”, afirma Wilber Medina
Abogado alerta que la ratificación del fiscal está asegurada, pese a no haber obtenido ninguna condena, pues la Junta le otorgó 94 de 100 puntos en su evaluación.
Usted evidenció que la JNJ le otorgó 94 de 100 puntos al fiscal José Domingo Pérez en su evaluación, con lo que su ratificación está asegurada.
Es el premio a la incapacidad que da la JNJ, porque toda la población sabe que el señor Pérez, en su performance durante la investigación del caso Cócteles contra Keiko Fujimori, ha demostrado que es un incapaz, inepto e ineficiente. No debería tener esa nota.
El juez le devolvió 19 veces la acusación que él ha hecho contra Keiko, que se supone que es un caso emblemático. Eso, que nunca ocurrió en la historia, en la vigencia del Código Procesal Penal, ha ocurrido en el Perú. Eso denota que Pérez es un incapaz, inepto y no da la talla para ocupar el cargo de fiscal; por lo tanto, debió tener cero de calificación, pero le han dado 94 de 100 puntos. Eso demuestra que la JNJ está podrida.
Ante tantos errores en la presentación de la acusación, ¿acaso el juez Víctor Zúñiga no debió archivar el caso?
Ese es un problema de nuestros jueces que son timoratos y más cuando se trata de un caso emblemático. Lo que correspondía, en rigor, era que, como el caso estaba mal hecho, lo archive, pero, como se trata de un caso mediático, políticamente no era correcto que él aplique la ley estrictamente; por lo tanto, le dio a José Domingo Pérez una salvación.
Los congresistas tienen ahí una tarea para hacer una precisión e indicar en el Código Procesal que se puede dar solo una oportunidad para subsanar. Lo que ha hecho Zúñiga Urday, que es un juez ideologizado, al igual que Pérez, es darle muchas oportunidades para que se pueda estructurar una cosa que parezca una acusación, porque esa acusación es un mamarracho. No hay elementos constitutivos del delito de lavado de activos porque nadie lava dinero blanco.
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¿Estos errores obedecen a que Pérez se apresuró al presentar la acusación contra Keiko para evitar que gane las elecciones del 2021?
Exactamente. La investigación estaba en la etapa preparatoria, por marzo del 2021, e, incluso, había audiencias programadas para abril, mayo y junio de ese año; sin embargo, José Domingo Pérez corta la investigación repentinamente y formula la acusación. ¿Para qué? Él actúa políticamente porque lo que querían era el titular: “Fiscalía pide 30 años de cárcel para Keiko Fujimori” en pleno tramo final de las elecciones del 2021. Ese titular impactaba en la candidatura de Keiko Fujimori, menoscabando su aceptación en la población. Eso evidencia que José Domingo Pérez, Vela y Zúñiga son políticos que actúan disfrazados de fiscales o jueces.
Jaime Villanueva ha dicho eso, que Vela coordinó con Janet Talavera la acusación que presentaría Pérez contra Keiko.
Las declaraciones de Jaime Villanueva no hacen más que confirmar lo que los demócratas sospechábamos. Hubo una coordinación entre la progresía nacional; es decir, el caviaraje –liderado por IDL– y todo el rojerío, incluido Salas Arenas. Todos tenían el objetivo común de impedir que la señora Fujimori salga elegida presidenta. Y eso lo consiguieron.
Vayamos al caso del juez Oswaldo Ordóñez, quien, con el magistrado Andrés Tapia, votó a favor de reponer a Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ. Resulta que Ordóñez obtuvo una calificación de 82 puntos y va a ser ratificado en su cargo por la JNJ.
Los abogados litigantes sabemos quién es quién. El señor Ordóñez es un juez mediocre, pero ha adquirido protagonismo por la “casualidad” de que los casos más importantes del rojerío han llegado a su sala. No me extrañaría que hayan manipulado el sistema aleatorio del Poder Judicial para que todas sus apelaciones y demandas lleguen a esa sala, que ya le tenía garantizado el resultado al caviaraje.
Esa sala (Primera Sala Constitucional de Lima) regresó a su cargo a Rafael Vela en 30 días, pese a que había sido suspendido por la Autoridad Nacional de Control. Luego, en el caso de la JNJ, presentaron la acción de amparo este año y ya tienen sentencia a su favor. Esta celeridad es inusitada.
Hay, además, un dato no menor en este caso: en la sentencia, prevaricadoramente dice que “en el día” se tiene que ejecutar el regreso de Vásquez y Tello. Ellos no debieron hacer eso, solo declarar fundada la demanda. Estos jueces se han convertido en abogados de Tello y Vásquez, porque, ni bien firmaron la sentencia, mandaron un oficio a la JNJ, lo cual es totalmente irregular.
En esta resolución, además, se amenaza al Congreso con que no inicie procesos contra los demás miembros de la JNJ porque podrían los parlamentarios ser objeto de denuncias.
Le dicen al Congreso que se abstenga de seguir realizando actos similares o, de lo contrario, los vamos a denunciar. ¿Qué se ha creído esta gentuza? Los congresistas serán muy malos, pero son los genuinos representantes del pueblo. Nos guste o no, han sido elegidos por el pueblo. ¿Quién eligió a Ordóñez o Tapia? Yo espero que el Tribunal Constitucional oficie a la Fiscalía para procesar penalmente a esta gente para destituirla. Pero eso ya será con la próxima Junta Nacional de Justicia.
SENTENCIA DEL TC
Está corriendo información falsa por redes sociales acerca de que el TC ya falló a favor del Congreso. ¿Aún no existe una resolución sobre la demanda competencial en contra del PJ?
Hasta este momento, no hay ningún resultado.
¿Cuánto puede demorar?
Ha podido ser el mismo día jueves (11 de julio), pero, como el doctor Monteagudo va a votar en contra, él tiene que hacer su voto en discordia, y eso es lo que demora para publicar la sentencia. Creo que la sentencia saldría en los próximos días.
Pero el TC debería fallar a favor del Congreso, tomando en cuenta el precedente de la elección del defensor del Pueblo. Ahí se señaló que el PJ no podía inmiscuirse en las facultades del Congreso, a menos que se viole el debido proceso.
Claro, aquí no ha habido ninguna afectación a los derechos fundamentales.
Se trató de una denuncia constitucional que pasó por varias etapas, hasta que llegó al Pleno, donde se inhabilitó a Tello y Vásquez.
Es una denuncia constitucional que ha pasado por la subcomisión, por la Comisión Permanente y, finalmente, llegó al Pleno. En cada una de las estaciones procesales, los señores Tello y Vásquez han ido con sus abogados y han hecho uso de la palabra.
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