Líder anticorrupción denuncia a partidaria de Martín Vizcarra y lo meten preso sin notificación judicial
Reclamo popular saca de la cárcel a Jesús Paredes, dirigente político de Moquegua que criticó a gobernadora regional.
El presidente del Frente Anticorrupción de Moquegua, Jesús Paredes Zegarra, fue encarcelado este viernes sin haber recibido notificación alguna de la querella por difamación presentada en su contra por la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, del partido político de Martín Vizcarra.
La detención de Paredes, ocurrida sorpresivamente mientras salía de un restaurante, se llevó a cabo por orden de un juez, y fue retenido en la carceleta judicial del Malecón Ribereño de la ciudad sureña. La reacción de rechazo no se hizo esperar por parte de diversos sectores sociales.
Ante ello, el juez del caso, Claudio Altamirano Bellido, del Segundo Juzgado Unipersonal, convocó una audiencia al mediodía de ayer, donde no tuvo más opción que dejar sin efecto la condición de reo contumaz en la que se encontraba Paredes Zegarra.
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Al recuperar su libertad, el dirigente social subrayó que desconocía completamente la existencia de la querella y que nunca fue notificado. Indicó que la audiencia fue tensa y represiva, por lo que anunció que denunciará al magistrado ante la Junta Nacional de Justicia por no haberle permitido ejercer su derecho a la defensa.
De otra parte, Paredes responsabilizó a Martín Vizcarra de esta persecución porque denunció sus actos corruptos. “Esto es venganza por parte de Vizcarra y Gilia Gutiérrez (…) y hay jueces, como este, que se prestan a ello. Espero que sea sancionado”, expresó.
Añadió que la acusación se debe a un fórum que organizó el 10 de agosto de 2024 en el Colegio de Ingenieros, donde se debatió sobre los efectos contaminantes de algunas mineras, como Southern Perú y Anglo American Quellaveco, en los ríos Torata y Asana, así como en las cuencas de Vizcachas, Chilota y Chincune, que son fuentes de agua esenciales para los pueblos de Moquegua e Ilo.
Inconstitucional
Por su parte, la abogada defensora Patricia Maldonado indicó que las opiniones políticas no pueden ser judicializadas, y que las autoridades deben ser permeables y transparentes ante la crítica. “El Tribunal Constitucional ya ha sentenciado de forma taxativa que una opinión referida a la función pública no es penalizable”, recalcó, en alusión a las declaraciones de Jesús Paredes sobre la gobernadora Gilia Gutiérrez.
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