Luz Pacheco, presidenta del TC, sobre ley de crimen organizado: “Busquemos el equilibrio necesario”
Exhorta a una solución para evitar investigaciones judiciales prolongadas.
Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), expresó su preocupación por los efectos de la ley de crimen organizado.
En sus declaraciones, Pacheco resaltó la necesidad de encontrar un equilibrio que permita evitar investigaciones prolongadas y, a la vez, impedir que personas culpables se beneficien de ciertas normas legales.
“Quiero que encontremos una salida para no hacer investigaciones que duren años de años y, por otra, que personas realmente culpables salgan ganando con algunas normas. Encontremos el equilibrio”, afirmó la presidenta del TC.
Pacheco también abordó la importancia de revisar el marco legal vigente, señalando que tanto el TC como el Ministerio Público deben trabajar juntos en la revisión de algunas leyes clave.
Esta colaboración, según la titular del TC, podría ayudar a perfeccionar las normativas y evitar que los procesos judiciales se prolonguen innecesariamente, afectando la justicia.
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En relación a las recientes declaraciones de Marianella Ledesma, expresidenta del TC, quien sugirió que el Congreso podría estar relacionado con una organización criminal, Pacheco se mostró en desacuerdo. Calificó los comentarios de Ledesma como “duros” y dejó claro que no comparte esa visión.
“Son declaraciones un poco duras, cada quien es dueño de sus palabras, es lo que ella piensa y no comparto esa manera de pensar”, dijo Pacheco, destacando la importancia de construir puentes de comunicación en lugar de fomentar la polarización.
Además, la titular del Tribunal enfatizó que los miembros actuales del TC fueron seleccionados tras un riguroso concurso público, sin influencias políticas, y que sus decisiones se toman de acuerdo con la Constitución y la conciencia de cada magistrado. “Lo importante es actuar con rectitud y lograr consensuar, pero no debe haber prejuicios”, indicó.
Por otro lado, la presidenta del TC mencionó que la defensa de la presidenta Dina Boluarte podría acudir al Tribunal para resolver cuestiones sobre la validez de algunas pruebas presentadas en su contra, en el marco de una demanda competencial.
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