María Agüero en la picota: Poder Judicial ordena prisión preventiva para sus exasesores
Monto de pagos de trabajadores presionados alcanzaría un monto superior a S/ 72,000, según la Fiscalía.
El Poder Judicial, a través del Noveno Juzgado Penal Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Edson Flores Valencia y César de la Cruz Canales, exasesores de la congresista María Agüero, quien es investigada por presuntamente recortar los sueldos de trabajadores parlamentarios.
La medida judicial se toma en el marco de una investigación que apunta a un presunto esquema de recolección ilegal de fondos, organizado desde el despacho de la parlamentaria de Perú Libre.
La resolución ordena la inmediata reclusión de Flores Valencia en un centro penitenciario que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) designe. En el caso de De la Cruz Canales, quien se encuentra no habido, se dispuso su ubicación y captura a nivel nacional.
Ambos están señalados como partícipes de la supuesta recolección ilícita de un porcentaje de los sueldos de trabajadores del Congreso, bajo la dirección de Agüero.
Según la tesis fiscal, María Agüero habría exigido a al menos 12 trabajadores parlamentarios entregar parte de sus haberes mensuales durante el periodo de junio de 2022 a mayo de 2023.
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No obstante, las autoridades no descartan que estas prácticas se hayan iniciado en julio de 2021. Los pagos, realizados a través de cuentas bancarias de los asesores, habrían alcanzado un monto superior a S/ 72,000, según la Fiscalía.
Entre las transacciones identificadas destaca una transferencia de S/ 29,000 realizada el 26 de abril por De la Cruz a la cuenta personal de Agüero. Además de los trabajadores ya identificados, la resolución judicial señala que existirían otros servidores afectados aún por determinar.
Según los documentos oficiales, estas personas habrían sido presionadas para entregar parte de sus sueldos en beneficio del congresista, vulnerando su voluntad y empleando mecanismos de coacción.
El caso derivó en el allanamiento de oficinas y viviendas relacionadas con Agüero, autorizado por el Poder Judicial el pasado 5 de noviembre. Las diligencias buscan recabar pruebas adicionales para esclarecer el presunto esquema de enriquecimiento ilícito que compromete a la parlamentaria ya su entorno más cercano.
Por su parte, María Agüero enfrenta investigaciones por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, que podrían derivar en nuevas acciones legales en su contra.
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