Martín Vizcarra intentó engañar al INPE desde penal de Barbadillo: pidió llamada con su abogado y terminó comunicándose con medio radial
Institución penitencia aclaró los hechos.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reveló que el expresidente Martín Vizcarra intentó engañar al personal penitenciario del penal de Barbadillo el pasado 22 de agosto, cuando solicitó comunicarse con su abogado, pero en realidad usó la llamada para brindar declaraciones a un medio de comunicación.
El hecho se produjo poco antes de que el exmandatario fuera trasladado al penal Ancón II.
Según un oficio remitido al Equipo Especial Lava Jato, el INPE manifestó que el exjefe de Estado solicitó una llamada con el argumento de notificar a su defensa legal sobre su inminente traslado.
No obstante, el organismo precisó que Vizcarra desvió el uso de ese permiso al establecer contacto con radioprograma.
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“El interno Vizcarra Cornejo solicitó contactar con su abogado defensor para comunicarle respecto de su traslado a otro establecimiento penitenciario; sin embargo, utilizó dicha comunicación para establecer contacto con el medio Radioprogramas”, se lee en el documento enviado por la autoridad penitenciaria.
El reporte añade que el técnico de pabellón Vicente Nevado Sandoval intervino la comunicación al detectar que el interno no conversaba con su defensa.
“Inmediatamente solicitó que se corte la llamada, comunicando al interno que no puede realizar ese tipo de declaraciones a la prensa sin autorización”, señala el documento oficial.
El INPE subrayó que existe una normativa que regula la posibilidad de que los internos declaren a medios de comunicación, lo cual requiere autorización expresa y un procedimiento formal.
En el caso de Martín Vizcarra, la entidad aseguró que el exmandatario “trató de burlar el procedimiento al solicitar una llamada para comunicarse con su abogado y comunicarse finalmente con un tercero no autorizado”.
El incidente se produjo en medio de cuestionamientos sobre el régimen penitenciario aplicado al exjefe de Estado, quien cumple prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones por presuntos actos de corrupción.
El episodio, además, reavivó el debate sobre el uso de privilegios penitenciarios y el rol del INPE en el control de las comunicaciones de internos de alta notoriedad pública.
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