Martín Vizcarra: Poder Judicial acepta a la Procuraduría como actor civil en investigación contra ‘Lagarto’
Órgano de defensa judicial argumentó que los actos ilícitos de los acusados contravenían los principios de la función pública y dañaban significativamente la integridad y los recursos del Estado.
El Poder Judicial (PJ) aceptó la petición de la Procuraduría General del Estado para convertirse en actor civil en el proceso judicial contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y la exministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios.
La resolución, emitida este 10 de julio por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, se basó en las acusaciones de tráfico de influencias, peculado y otros delitos que habrían perjudicado al Estado peruano.
La medida estableció que la Procuraduría General del Estado, representada por María Aurora Caruajulca Quispe, participe activamente en el caso.
La entidad solicitó una reparación civil total de S/ 575.400, suma que pretende cubrir los daños patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados por los delitos imputados a Vizcarra y Balbuena.
La Procuraduría argumentó que los actos ilícitos de los acusados contravenían los principios de la función pública y dañaban significativamente la integridad y los recursos del Estado.
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Durante la audiencia, la defensa de Martín Vizcarra cuestionó la solicitud del actor civil, señalando insuficiencias en la justificación de los daños y en la conexión causal entre los actos y los perjuicios alegados. A pesar de ello, el juez Checkley Soria aceptó la constitución de la Procuraduría como actor civil en el caso.
Martín Vizcarra: ¿Cuáles son los cargos contra el expresidente y Patricia Balbuena?
Vizcarra y Balbuena enfrentan múltiples cargos, entre ellos tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para terceros, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y obstrucción a la justicia. Estas acusaciones están vinculadas a la contratación de Richard Javier Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura durante los años 2018 y 2020, a pesar de que Cisneros no cumplía con los perfiles requeridos para los servicios contratados.
Además, se investiga a Vizcarra por su presunta participación en conversaciones para coordinar testimonios en relación con esta contratación, buscando influir en la investigación fiscal.
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