Ministerio Público desactiva fiscalías antiterroristas en Ayacucho y el Vraem y las reemplaza por oficinas de derechos humanos
¡El colmo! Eliminan despachos claves en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en zonas estratégicas, justo cuando informes de inteligencia alertan sobre reactivación de columnas armadas.
La Fiscalía de la Nación dispuso una controversial reestructuración del sistema fiscal en zonas estratégicas del Perú, como Ayacucho y el Vraem, mediante la eliminación de dos fiscalías especializadas en terrorismo.
La medida, formalizada en una resolución publicada este miércoles en El Peruano, acumula serias dudas sobre su real propósito, más aún cuando la carga de trabajo será asumida ahora por despachos centrados en “derechos humanos e interculturalidad”.
Según la resolución, se dio por concluida la designación de cinco fiscales que estaban asignados a las fiscalías penales supraprovinciales de delitos de terrorismo en Ayacucho y en Pichari. En su lugar, estos fiscales fueron reasignados a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del mismo distrito fiscal.
El artículo sexto de la resolución oficializa la conversión completa de estas fiscalías antiterrorismo, con todo su personal y recursos, para fortalecer la fiscalía de corrupción de funcionarios. Pero lo que más llama la atención es el artículo décimo segundo, donde se amplía la competencia de las fiscalías de derechos humanos para encargarse también de los delitos de terrorismo y apología del terrorismo.
Esto eleva preocupaciones sobre lo que realmente se resuelve con este cambio. Uno de los principales críticos es el congresista Fernando Rospigliosi que advierte, al disolver fiscalías creadas específicamente para combatir el terrorismo en zonas de alta conflictividad, el Ministerio Público estaría debilitando la respuesta institucional frente a remanentes senderistas y organizaciones criminales del Vraem.
Aún más preocupante resulta la transferencia de estos casos a fiscalías cuya labor se centra en investigar a policías y militares por presuntas violaciones a los derechos humanos.
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“La fiscal de la Nación cierra fiscalías anti terrorismo en Ayacucho y el Vraem, y amplía la competencia de fiscalía de “derechos humanos e interculturalidad”, la que se dedica a perseguir policías y militares que se enfrentan a la delincuencia y el terrorismo. ¿Está claro cuál es el propósito del Ministerio Público capturado por la mafia caviar?”, escribió el parlamentario en su cuenta de X.
Aunque la resolución argumenta que los fiscales designados eran provisionales y que su nombramiento debía cesar por disposición legal, el fondo del asunto parece apuntar a un giro institucional que prioriza la persecución a miembros de las fuerzas del orden por encima del combate directo al terrorismo en campo.
Cabe recordar que Ayacucho y el Vraem son históricamente zonas neurálgicas en la lucha contra el terrorismo, y sus dinámicas sociales requieren una acción fiscal especializada. Trasladar esa responsabilidad a despachos con otro enfoque —y sin experiencia directa en estos casos— podría ralentizar los procesos y afectar la eficacia de la persecución penal.
Frente a este panorama, la resolución también dispone que la Coordinadora de las Fiscalías Penales Supraprovinciales de Terrorismo y Derechos Humanos adopte medidas para redistribuir la carga laboral, lo que en la práctica podría traducirse en una fusión funcional que diluye el enfoque antiterrorismo.
Finalmente, la pregunta es: ¿por qué una decisión de esta magnitud se adopta sin consulta ni debate público? Y peor aún, ¿qué mensaje se envía a las fuerzas del orden que siguen enfrentando el crimen en las zonas más difíciles del Perú?
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