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Ministerio Público en guerra: fiscales denuncian penalmente a jefe de ANC, Juan Fernández Jerí, por abuso de funciones

Procedimientos disciplinarios habrían afectado derechos fundamentales.

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Ministerio Público en guerra: fiscales denuncian penalmente a jefe de ANC, Juan Fernández Jerí, por abuso de funciones
Fecha Publicación: 29/04/2025 - 04:54
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Cinco fiscales titulares, entre ellos José Domingo Pérez, denunciaron penalmente a Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, al acusarlo de aplicar sanciones disciplinarias mediante un reglamento sin validez legal.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, recibió la denuncia que atribuye al jefe de la ANC presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, prevaricato, falsedad ideológica y falsedad genérica.

Los fiscales sostienen que Fernández Jerí tramitó procesos disciplinarios sin contar con un reglamento publicado oficialmente, como exige la normativa vigente.

José Domingo Pérez firmó la denuncia junto con Fany García Caro, Rocío Vences Gonzales, Yesenia Saldarriaga Lores y Juan Ander Alvites Llanos. Los denunciantes argumentaron que Fernández Jerí impuso sanciones sin sustento legal, vulnerando derechos fundamentales y el principio de estabilidad en la carrera fiscal.

MÁS INFORMACIÓN:Delia Espinoza valida quejas de José Domingo Pérez y denuncia a Juan Fernández Jerí 

“Las resoluciones disciplinarias carecen de base jurídica. No pueden aplicarse reglamentos que no hayan sido publicados conforme lo establece la ley”, advirtieron en el documento. Aseguraron que el actual sistema de control disciplinario desencadenó un ambiente de inestabilidad e inseguridad en el ejercicio de la función fiscal.

Los fiscales también señalaron que, en solo dos años, la ANC sancionó a 4.349 fiscales, cifra similar a la acumulada en varias décadas previas, lo que consideran una muestra de arbitrariedad y exceso en el uso del poder disciplinario.

Finalmente, los denunciantes alertaron que la omisión en la validez del reglamento no solo afectaría sus derechos individuales, sino que también permitiría que otros funcionarios incurran en actos ilegales, al tramitar procedimientos sin marco normativo válido.

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