Ministerio Público va por árbitros y abogados de caso Odebrecht: solicita hasta 25 años de prisión
Todos los mencionados en la documentación fiscal.
La ofensiva del Ministerio Público contra el libre ejercicio de la profesión de Derecho sufrirá un golpe letal con el desarrollo del requerimiento de encarcelamiento de hasta 25 años para quienes ejercieron como árbitros en los diferendos entre el Estado y la constructora brasileña Odebrecht.
La fiscal provincial del equipo especial del caso Lava Jato, Diana Luz Canchihuamán Castañeda, indicó que concluyó la etapa de investigación preparatoria para pasar a la etapa de acusación, previa identificación de los 29 letrados implicados en el caso.
Las penas para quienes fueron árbitros —la mayoría acusados por organización criminal— llegan hasta 25 años de cárcel. Están implicados abogados destacados como Humberto Abanto, Fernando Cantuarias Salaverry, Mario Castillo Freyre, Richard Martín, el masón Emilio Cassina Ramón, entre otros.
El Ministerio Público, a partir del caso Horacio Cánepa, elaboró un organigrama de la supuesta red criminal que, en el caso Odebrecht, estaría encabezada por Jorge Barata, seguido por Ricardo Paredes Reyes, Fernando Cáceres Andonayre y otros nueve abogados.
El equipo técnico de este primer grupo está integrado por cinco personas, encabezadas por Fernando Olivera Oblitas y otros cuatro, entre los que se encuentra Cassina Rivas.
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Entre los hombres clave de la organización criminal estarían Horacio Cánepa, Rando Campos Flores, Héctor García Briones, Gamarra Roig y Sergio Calderón Rossi. Gamarra Roig, como se sabe, fue director general de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones hace unos 12 años y es considerado un caso clave en este ministerio.
Los árbitros propiamente dichos son 15, siendo el primero en el organigrama Cánepa Torre, seguido por Cassina Rivas, Rando Campos Flores, Marcos Espinoza Rimachi, Orlando Álvarez Pedroza, Fernando Cantuarias Salaverry, Humberto Abanto Verástegui y ocho abogados más.
En la lista figuran, además, dos peritos: Jorge Arturo Mendoza Torres y Róger Arévalo Ramírez.
Las obras que habrían sido materia de estudio y participación arbitral incluyen los tramos carreteros IIRSA 2, tramo 3 y la carretera IIRSA Norte, además de la carretera Carhuaz–San Luis y la carretera Cuñumbuque–Sisa.
En cada árbitro o abogado del caso, la Fiscalía desarrolló una investigación detallada, revisando ingresos factura por factura. Los presuntos delitos van desde organización criminal, lavado de activos, cohecho, asociación ilícita, colusión agravada hasta cohecho pasivo específico, entre otros.
Hay casos de sobreseimiento respecto al delito de organización criminal, pero de todas formas se les imputa lavado de activos “en grado consumado en agravio del Estado peruano”, como sucede con Cassina.
Tras una larga exposición, caso por caso, la fiscal Canchihuamán solicitó al juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios “dar trámite al presente requerimiento mixto (sobreseimiento y acusatoria) conforme a ley”.
“Las medidas de coerción personal que corresponda solicitar contra los acusados se presentarán en requerimiento aparte”, concluye el escrito.
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