Municipalidad de Lima reafirma defensa legal junto al Estado para exigir la verdad a Brookfield ante Corte de EE.UU.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuestiona la lentitud del Poder Judicial en este caso.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que unió fuerzas con la Procuraduría General del Estado para reforzar su estrategia legal frente al consorcio Rutas de Lima.
Esta acción conjunta quedó formalizada el pasado 7 de junio, cuando la Procuraduría emitió una resolución que establece una defensa colegiada con la comuna limeña, con el fin de solicitar a las autoridades estadounidenses la presentación de pruebas documentales clave en el marco del proceso conocido como Discovery.
La medida busca exigir que se acredite que la firma canadiense Brookfield Infrastructure, actual controladora de Rutas de Lima, conocía los actos de corrupción vinculados a Odebrecht cuando adquirió la concesión en 2019.
Según la Municipalidad, la solicitud complementaria presentada por el Estado confirma el alineamiento de estrategias y fortalecerá la posición peruana en el juicio por corrupción que afrontará Susana Villarán en septiembre.
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"Yo, a gente corrupta, no le pago un mango, señor. Porque eso nace de un tema corrupto. Y por culpa de esta fiscalía en el Perú, por culpa del Poder Judicial en el Perú, la señora Villarán —que ha declarado que es corrupta— lleva siete años sin condena. Siendo alcaldesa de Lima —ojo, muy distinto a ser candidata a la alcaldía—, era funcionaria, igual que yo. Si recibió un millón de dólares, por lo menos, en coimas, eso es cárcel, pues, en cualquier país normal”, declaró el burgomaestre Rafael López Aliaga durante la inauguración de un tramo de la autopista Ramiro Prialé, en Lima Este.
Las declaraciones ocurren pocos días después de que la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, rechazara la apelación de la Municipalidad y ratificara dos laudos arbitrales internacionales.
El conflicto se remonta a 2017, cuando la Municipalidad -cuando RLA no era alcalde- bloqueó la instalación de un nuevo peaje, lo que desencadenó dos procesos arbitrales bajo el reglamento de la Uncitral.
Ambos fallos determinaron responsabilidades económicas para la comuna, a pesar de que durante la apelación las autoridades municipales denunciaron la supuesta omisión de pruebas cruciales por parte del tribunal arbitral.
Además, Brookfield mantiene un tercer arbitraje contra la comuna limeña e inició una demanda por US$ 2,700 millones ante el Ciadi, en la que acusa al Estado peruano de expropiación indirecta de su inversión.
Frente a esta situación, el abogado Scott Nielson, representante de la Municipalidad de Lima, explicó que la reciente resolución de la corte estadounidense no representa el desenlace final del caso.
“El verdadero juicio legal está por venir. Nuevas pruebas permitirán conocer el nivel de conocimiento que tuvo Brookfield sobre los antecedentes corruptos de este contrato. Por primera vez, el Estado y la MML trabajan juntos para exigir la divulgación de documentos clave en EE.UU.”, afirmó.
La Municipalidad confía en que esta cooperación legal permita revertir el escenario adverso y obtener elementos de prueba antes del juicio que se avecina, en el que se investigarán presuntos actos de corrupción cometidos durante la gestión de Susana Villarán como alcaldesa de Lima.
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