Municipalidad Metropolitana de Lima interpone demanda de hábeas corpus por cierre de vías para construcción de Línea 2 del Metro
Acción legal argumenta violación a la libertad de tránsito y procedimientos municipales.
El 1° Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de hábeas corpus presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) contra diversas entidades, incluyendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), y las empresas Metro de Lima Línea 2 S.A. y Consorcio EPC.
La resolución N.° 1 del expediente N.° 5865-2024, emitida este 9 de julio de 2024, indica que la MML denuncia una restricción inconstitucional a la libertad de tránsito impuesta el 7 de julio en la intersección del óvalo Grau con la avenida 9 de diciembre (ex Paseo Colón), debido a la colocación de vehículos y maquinaria pesada para la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima.
Según la municipalidad, esta medida fue implementada sin la debida autorización, vulnerando la Ordenanza 1680 y constituyendo un acto de abuso y arbitrariedad.
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El concejo sostiene que no se opone al progreso ni a la modernización de Lima, pero critica la falta de consulta y la imposición de normativas que afectan la autonomía de la entidad y desatienden el patrimonio cultural y el bienestar de los ciudadanos.
"La MML argumenta que la ejecución de la obra podría causar graves daños a la ciudad y sus habitantes, y subraya que no se ha obtenido la certificación técnica requerida por sus expertos", señala la resolución judicial. Además, la municipalidad hace referencia a un acuerdo previo con el MTC sobre la garantía escrita para asegurar la culminación de los trabajos de la estación 13 en un plazo determinado, acuerdo que aseguran no ha sido cumplido.
La acción legal busca proteger el estado de derecho y la libertad de tránsito de los ciudadanos ante lo que la MML considera una amenaza para el ordenamiento vial y urbano de Lima.
El caso será ahora objeto de análisis por parte del juzgado constitucional, cuya resolución determinará el curso de las acciones respecto a este conflicto entre entidades estatales y municipales.
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