Ollanta Humala acusa persecución y defiende asilo de Nadine Heredia: "Es un acto político y humanitario"
Denuncia utilización política de organismos judiciales en su contra.
El encarcelado expresidente Ollanta Humala Tasso defendió la decisión del gobierno de Brasil de otorgar asilo a su esposa, Nadine Heredia, y a uno de sus hijos, al calificar como un acto “político y humanitario” sustentado en el derecho internacional.
Desde el Penal Barbadillo, donde cumple una condena de 15 años de prisión por lavado de activos agravado, Humala agradeció públicamente la medida y denunció lo que considera una persecución política contra su familia.
“El asilo que Brasil ha otorgado a Nadine y a mi hijo es un acto político y humanitario, amparado en el derecho internacional, que agradezco. Mi familia no merece este ensañamiento que utiliza a los organismos de justicia para una persecución política”, escribió el exmandatario en un mensaje difundido por un allegado cercano.
Humala recordó que, en un episodio anterior, sus hijos se vieron privados de sus padres por una decisión judicial que calificó de inconstitucional.
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“Ya una vez, en un fallo inconstitucional, mis hijos se quedaron sin padre y sin madre. Otra vez, no”, expresó, reafirmando su intención de seguir "defendiendo nuestra inocencia y honor con pruebas, como se hace en un estado de derecho que se respete”. La defensa pública de Humala ocurre en medio de un contexto judicial adverso.
El pasado 15 de abril, la jueza Nayko Coronado ordenó su detención inmediata tras hallarlo culpable de recibir más de tres millones de dólares en aportes ilícitos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano de Hugo Chávez para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
Desde su ingreso al Penal Barbadillo —donde también cumplen prisión los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo— Humala denunció reiteradamente que enfrenta un proceso judicial politizado.
Mientras tanto, el asilo concedido por Brasil a su esposa y a su hijo reabre el debate sobre el uso del derecho internacional como salvaguarda frente a eventuales violaciones de derechos fundamentales en el Perú.
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