Pedro Castillo continuará tras las rejas en Barbadillo: Poder Judicial rechaza apelación de cese de prisión preventiva
Para la defensa del expresidente, se vulneró el debido proceso al carecer de la legitimidad exigida por la regla procesal.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, declaró infundada la solicitud de la defensa legal del expresidente de la República Pedro Castillo, para que se anule el juicio oral en su contra por el presunto delito de rebelión, tras el intento de golpe de Estado ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2022.
Es por eso que, al rechazar la apelación para el cese de la prisión preventiva extendida por 18 meses, impuesta el pasado 5 de julio de 2024 por el Poder Judicial, Pedro Castillo continuará detenido en el penal Barbadillo en Ate-Vitarte.
“Declarar infundada la solicitud de cese de prisión preventiva formulada por la defensa del acusado Pedro Castillo Terrones, y en consecuencia se declara la vigencia de la medida de prisión preventiva que fuera prolongada por 18 meses por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante auto de apelación N.° 190-2024/Suprema de 05/07/2024, en el proceso penal que se le sigue como presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, modalidad rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal”, señala la resolución judicial.
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Para la defensa de Pedro Castillo, se vulneró el debido proceso al carecer de la legitimidad exigida por la regla procesal, ya que los fiscales que participaron en las diligencias de su caso no tenían competencia para investigarlo y procesarlo, debido a que no son fiscales supremos. Sin embargo, esto no fue aceptado por el juez Juan Carlos Checkley.
Las acusaciones
El exmandatario es investigado como presunto autor del delito de rebelión por atentar contra el orden constitucional. Además, se le imputa cargos por abuso de autoridad, delito previsto en el marco de la administración pública, y por perturbación de la tranquilidad pública. Su prisión preventiva vence en diciembre.
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