PJ niega responsabilidad en liberación de uno de los fundadores de la banda criminal ‘Los Pulpos’
Jhon Smith Arce Cruz fue sentenciado a 25 años de prisión por asesinar a su expareja y a un hombre vinculado a actividades delictivas.
La Corte Superior de Justicia de Tacna negó ordenar la excarcelación de Jhon Smith Arce Cruz, alias ‘Jhon Pulpo’, y atribuyó la responsabilidad al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad que le otorgó beneficios penitenciarios luego de 17 años de condena.
La precisión judicial llegó tras la polémica ocasionada por la liberación del exintegrante de la organización criminal ‘Los Pulpos’.
El Poder Judicial sostuvo en un comunicado que “no emitió ninguna orden de liberación”, sino que únicamente dispuso una corrección administrativa sobre el marco legal aplicable al cómputo de pena.
La Sala Penal de Apelaciones de Tacna solo ordenó al INPE emitir una nueva resolución considerando la normativa vigente al momento de quedar firme la sentencia contra Arce Cruz.
“Este mandato judicial no comprendió cálculo de pena ni dispuso excarcelación alguna”, remarcó la Corte Superior.
Agregó que su intervención se limitó a tramitar un habeas corpus interpuesto por la defensa del interno, después de que el INPE rechazara previamente su solicitud de redención.
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Jhon Smith Arce Cruz fue sentenciado a 25 años de prisión por asesinar a su expareja y a un hombre vinculado a actividades delictivas.
Desde 2008, cumplía condena en el penal de Challapalca, una de las cárceles de máxima seguridad del Perú. No obstante, luego de 17 años y tras acreditar actividades laborales y educativas, el INPE accedió a reducir su pena conforme al beneficio de redención.
La decisión provocó alarma en la opinión pública, dado que Arce Cruz figura como uno de los fundadores de la organización criminal ‘Los Pulpos’ y fue mencionado en investigaciones de crimen organizado, incluso durante su reclusión.
Su hijo también es buscado actualmente por la Policía por presuntos nexos con la misma banda delictiva. La Corte Superior de Justicia de Tacna reiteró que su sentencia solo ordenó al INPE reevaluar el caso aplicando la normativa correspondiente. No sustituyó la función penitenciaria ni ordenó la salida del penal.
Asimismo, enfatizó que los beneficios como la redención de pena se basan en documentos, trabajos elaborados y actividades educativas. La decisión de concederlos recae únicamente en la autoridad penitenciaria, bajo una resolución administrativa.
Con esta precisión, el Poder Judicial intentó deslindar responsabilidades frente a un caso que reavivó el debate sobre el uso de beneficios penitenciarios en condenados por crímenes graves y el impacto que estos pueden ocasionar en la percepción de inseguridad entre la ciudadanía.
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