PJ rechaza recurso de Vladimir Cerrón: condena efectiva por corrupción sigue vigente
Permanecer más de un año en clandestinidad impone que avance ejecución de condena en su contra.
La Corte Suprema ratificó la vigencia de la condena a tres años y seis meses de prisión efectiva contra Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín, por su implicación en el caso de corrupción del Aeródromo Wanka.
En reciente resolución, el máximo órgano judicial declaró infundada la solicitud del sentenciado para suspender provisionalmente la ejecución de la pena mientras se resuelve un recurso de casación que busca anular la sentencia.
Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, fue hallado responsable del delito de colusión por haber beneficiado de manera irregular al Consorcio Wanka en la licitación para construir un aeródromo en Junín entre 2013 y 2014.
Según el fallo, el exgobernador actuó "de forma oficiosa" al promover actos administrativos destinados a concretar el contrato firmado en junio de 2014, acción que el tribunal calificó como una concertación ilícita.
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El Poder Judicial recordó que la condena, emitida el pasado 6 de octubre de 2023 por la Sala Penal de Junín, ordenó su ubicación y captura inmediata, lo que llevó a Cerrón a fugarse y permanecer prófugo por más de un año.
Durante este tiempo, su defensa legal, encabezada por el abogado José Llumpo Agapito, intentó suspender el cumplimiento de la pena argumentando la necesidad de esperar el fallo de casación, pero la Corte Suprema desestimó dicha solicitud tras evaluar los fundamentos presentados.
La resolución fue acordada el 24 de octubre luego de una audiencia pública y publicada oficialmente esta semana. El tribunal enfatizó que permitir la suspensión generaría un precedente perjudicial para la aplicación de justicia en casos de corrupción.
¿Vladimir Cerrón seguirá la clandestinidad?
Cerrón, quien sigue en la clandestinidad, enfrenta además críticas por su gestión en el gobierno regional de Junín, donde el proyecto del Aeródromo Wanka quedó marcado por irregularidades que evidencian un patrón de mala administración.
Las autoridades continúan trabajando para dar con su paradero y ejecutar la sentencia, en un contexto que subraya la determinación del sistema judicial por combatir la impunidad en delitos de esta naturaleza.
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