Poder Judicial admite casaciones para revertir anulación de juicio contra Keiko Fujimori por caso ‘Cócteles’
Eventual reanudación reabriría proceso que, de ser validado, culminaría con sentencia.
El Poder Judicial admitió a trámite los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos, con el objetivo de revertir la anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros por presuntos aportes ilícitos a campañas presidenciales de 2011 y 2016, en el caso ‘Cócteles’.
Mediante resolución emitida el pasado 29 de mayo, a la que tuvo acceso Radioprogramas, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional decidió conceder ambos recursos al considerar que cumplen con los requisitos formales establecidos por el Nuevo Código Procesal Penal.
La decisión se adoptó tras analizar los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría, que impugnaron el fallo que, en enero pasado, dejó sin efecto el juicio en curso.
Los recursos impugnaban la resolución que desestimó las apelaciones contra el fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. En dicho fallo, por mayoría, el juzgado anuló el juicio oral iniciado contra la lideresa de Fuerza Popular por presunto lavado de activos.
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Al admitir las casaciones, la Sala de Apelaciones dispuso enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Si este tribunal supremo declara que los recursos están “bien concedidos”, deberá convocar a una audiencia virtual con las partes procesales, tras la cual emitirá un pronunciamiento definitivo.
Si la Corte Suprema falla a favor del Ministerio Público y la Procuraduría, el juicio oral anulado en enero se reactivaría, lo que significaría que Keiko Fujimori y los demás procesados volverían a enfrentar un proceso judicial desde la etapa de juicio oral, bajo la acusación de haber recibido financiamiento irregular de Odebrecht.
El caso ‘Cócteles’ representa uno de los expedientes más emblemáticos de lavado de activos en el ámbito político nacional, y su resolución podría sentar un precedente clave en el juzgamiento de campañas financiadas de forma irregular.
Su eventual reanudación marcaría un hito en la lucha contra la corrupción y financiación ilegal de campañas políticas, reabriendo un proceso que, de ser validado, podría culminar con una sentencia.
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