Poder Judicial decide sobre tutela de derechos presentada por Sada Goray
Decisión se contrapone a lo decidido por Fiscalía
El Poder Judicial (PJ) ordenó a la Fiscalía de la Nación entregar a Sada Goray Chong una copia de su declaración testimonial brindada en febrero de 2023 como testigo protegido en el proceso contra Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de cohecho pasivo impropio.
Esta decisión se tomó luego de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presidido por el juez Juan Carlos Checkley, declarara fundada la tutela de derechos solicitada por la defensa de la dueña de Marka Group.
Sada Goray, quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal Anexo de Chorrillos por el caso Fondo MiVivienda, presentó la tutela de derechos argumentando que la Fiscalía le había negado acceso a su propia declaración, vulnerando así sus derechos de defensa y al debido proceso. El abogado de Goray, Francisco Álvarez Dávila, sostuvo que la empresaria necesitaba dicha declaración para conocer los hechos por los que fue interrogada y demostrar su colaboración con la justicia.
Aquel testimonio fue tomado por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en Estados Unidos. Pese a que la defensa de Goray presentó tres solicitudes ante la Fiscalía para obtener una copia simple de la declaración, estas fueron rechazadas con el argumento de que la empresaria no tenía la condición de sujeto procesal.
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Durante la audiencia, Álvarez Dávila destacó que, a raíz de la información difundida sobre la presunta sustracción de computadoras en la Fiscalía de la Nación, acudieron a solicitar las copias, pero no obtuvieron una respuesta favorable. "En un primer momento les indicaron que el testigo protegido debía solicitar el levantamiento de la reserva de identidad, accedieron a ello, pero igual su solicitud de copia fue rechazada", precisó el abogado.
Por su parte, la Fiscalía, representada por Luis Alberto Germaná Matta, recordó que la declaración de Goray existía, pero que ella no era parte de la investigación. "Los sujetos procesales son quienes están facultados a solicitar copias de las actuaciones del expediente fiscal o judicial, supuesto que no se cumple en el presente caso", argumentó Germaná.
Finalmente, el PJ resolvió que la declaración debía ser entregada a Goray, amparándose en el artículo 138 del Código Procesal Penal, que permite la entrega de copias incluso a particulares, siempre que la solicitud esté motivada y el estado de la causa no lo impida. "La solicitud de la empresaria está debidamente motivada y ella no es ajena al proceso, porque fue quien declaró", puntualizó el juez.
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