Poder Judicial fijó fecha para evaluar apelación de Dina Boluarte: ¿se archivará denuncia por muertes en protestas?
Esto por la presunta comisión por omisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.
El Poder Judicial evaluará este martes 9 de julio la apelación presentada por la presidenta Dina Boluarte para anular la denuncia constitucional en su contra por la presunta comisión por omisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.
En una audiencia virtual, programada para las 10:00 a.m., el tribunal superior revisará el recurso emitido por la mandataria, con el objetivo de revocar la resolución del juez constitucional Jhonatan Valencia López, quien el pasado 27 de marzo declaró infundada una demanda de amparo interpuesta por su abogado defensor.
En esa resolución, el magistrado rechazó también la solicitud de Boluarte para archivar la investigación relacionada con la muerte de cinco personas y las lesiones de una sexta, base de la denuncia constitucional, así como la investigación por el presunto delito de genocidio.
Durante la audiencia, la defensa legal de Dina Boluarte y el representante de la Procuraduría del Ministerio Público expondrán sus argumentos. En ese sentido, la sala superior concederá la palabra a ambas partes con el fin de emitir una decisión sobre el caso en los próximos días.
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Vale indicar que, en su resolución, el letrado Valencia López había argumentado que las disposiciones fiscales cumplían con los estándares de ser "adecuadas, suficientes y congruentes", y que no se evidenciaba una violación de los derechos constitucionales alegados por la presidenta. Además, el magistrado subrayó que el presidente de la República no está exento del proceso de investigación, aunque la Constitución de 1993 impide acusarlo salvo en casos específicos, como traición a la patria.
La denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación en noviembre de 2023 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso incluyó la investigación por las muertes y lesiones durante las protestas. Dina Boluarte argumentó que estas acciones vulneraban sus derechos a la debida motivación de las resoluciones fiscales, al debido proceso y desnaturalizaban la prerrogativa de la inmunidad presidencial.
Valencia López estableció que "de una interpretación textual se puede inferir que el dispositivo constitucional antes mencionado precisa que el dignatario en función solo puede ser acusado en ciertos delitos; sin embargo, el dispositivo legal no señala ni precisa respecto a la etapa de investigación que pueda ejecutar el Ministerio Público frente a una denuncia constitucional, la cual se puede iniciar a un mandatario en funciones como en el presente caso".
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