Poder Judicial ordena impedimento de salida a Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei por presunto tráfico de influencias
El caso involucra a Andrés Hurtado.
El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país para Elizabeth Peralta, fiscal suspendida, y el empresario Javier Miu Lei, ambos investigados por el presunto delito de tráfico de influencias en el marco del caso que también involucra al presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'.
La resolución fue emitida por el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, tras analizar el riesgo de fuga y los elementos de convicción presentados por la Fiscalía.
Esta medida cautelar, solicitada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, tiene como objetivo asegurar la presencia de los investigados en el proceso judicial que enfrentan, el cual busca esclarecer su posible participación en una red de tráfico de influencias que habría beneficiado a terceros.
Peralta y Miu Lei deberán permanecer en el país desde el 21 de octubre de 2024 hasta el 20 de abril de 2026, periodo en el que la justicia peruana avanzará con las diligencias correspondientes.
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De acuerdo con los argumentos de la Fiscalía, Elizabeth Peralta enfrenta serios indicios de haber obstruido el proceso, como la negativa de entregar uno de sus teléfonos durante un operativo de incautación.
Por su parte, Javier Miu Lei fue señalado por no haber entregado su pasaporte de manera voluntaria, el cual fue encontrado en su domicilio durante un allanamiento.
Adicionalmente, se cuestionó su arraigo laboral y familiar, pues la investigación sugiere que, a pesar de ser gerente de una empresa, no se requiere de su presencia activa para su funcionamiento.
En el caso de Miu Lei, la Fiscalía también advirtió que tiene la capacidad de influir en decisiones judiciales y manejar sus empresas a través de terceros, lo que eleva el riesgo de fuga.
Esta situación, junto con la gravedad del delito imputado, llevó al Poder Judicial a considerar el impedimento de salida como una medida indispensable para garantizar el normal desarrollo de la investigación.
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