Poder Judicial ordenó embargo preventivo de 24 vehículos de la universidad Telesup
En marco de investigación preparatoria seguida a José Luna Gálvez por el caso Lava Jato.
El Poder Judicial dispuso el embargo preventivo de 24 vehículos vinculados a la universidad Telesup como inscripción y orden de inhibición, en el marco de la investigación preparatoria seguida al congresista José Luna Gálvez por el caso Lava Jato.
La jueza Margarita Salcedo ordenó el embargo, tras declarar fundadas tres solicitudes de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato.
El embargo es como inscripción e inhibición hasta por la suma total de 2 millones 353 mil 723 soles respecto a estos 24 vehículos, monto que recaerá sobre el 100 % de las acciones y derechos que corresponden a la universidad en su calidad de tercero civilmente responsable en la investigación preparatoria.
La jueza consideró que si no se ejecuta de forma inmediata, la decisión final que expida el juzgado podría ser inejecutable ante el riesgo procesal de que durante el proceso se oculten o desaparezcan los bienes.
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El Poder Judicial también dispuso el embargo preventivo sobre seis inmuebles vinculados a la Universidad Privada Telesup, como parte de la investigación contra José Luna Gálvez, comprendido en el caso Lava Jato.
En septiembre ordenó embargar dos predios de la casa de estudios. Dicha orden asciende a 8 millones 914 mil 192 soles, monto que recae sobre el 100 % de las acciones y derechos de la universidad.
José Luna Gálvez es investigado por el Ministerio Público por aportes ilegales de empresas brasileñas Odebrecht y OAS en el financiamiento de las campañas electorales de su entonces partido político Solidaridad Nacional en el periodo comprendido entre 2011 y 2014. También afronta investigación por irregularidades en la inscripción del partido político Podemos Perú ante la ONPE.
En tanto, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Poder Judicial que José Luna Gálvez y su hijo, paguen una reparación civil de 10 millones de soles por el caso ‘Los Gangsters de la Política’, donde ambos son acusados de copar la ONPE para inscribirlo de manera fraudulenta.
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