Poder Judicial persiste en presupuesto adecuado para combatir delincuencia y mejorar el acceso a justicia
Javier Arévalo solicita al Congreso mayor presupuesto para mejorar el sistema judicial en 2025.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, defendió este miércoles ante la Comisión de Presupuesto del Congreso el presupuesto solicitado para el año fiscal 2025, resaltando la necesidad de fortalecer la lucha contra la delincuencia y agilizar los procesos judiciales.
La institución requirió S/ 3,965 millones para gastos operativos, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo asignó S/ 3,915.6 millones. Este déficit, según Arévalo, compromete la calidad del servicio de justicia y limita la capacidad de respuesta del sistema judicial.
Javier Arévalo planteó la implementación de nueve nuevas unidades de flagrancia en zonas como Lima, Callao, Apurímac, Puno y Ucayali, para las cuales se necesitan S/ 44 millones adicionales.
Esta estrategia busca reducir la criminalidad mediante procesos rápidos y sanciones inmediatas a los delitos en flagrancia.
En cuanto a la descarga procesal, solicitó 43 millones de soles para crear juzgados de ejecución en Lima Este y Piura, permitiendo cumplir las sentencias de forma más ágil.
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Además, el titular del Poder Judicial destacó la urgencia de S/ 48 millones destinados a la infraestructura de 13 Cortes Superiores de Justicia.
Estas cortes, entre ellas las de Lima, Amazonas y Madre de Dios, enfrentan un déficit de locales adecuados, obligando a que muchos órganos jurisdiccionales operen en espacios alquilados.
En cuanto a modernización, Javier Arévalo remarcó la necesidad de S/ 37 millones para continuar el sistema de oralidad civil en cortes clave.
Este modelo, que reduce la duración promedio de los procesos de 511 a 189 días, resulta vital para responder a las demandas de justicia de la población con mayor celeridad.
Por último, el presidente solicitó incluir en la ley de presupuesto medidas que permitan ajustar las remuneraciones del personal y ejecutar un estudio de ingresos para actualizar las escalas salariales, buscando una justicia con “rostro humano en la era digital”.
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