Poder Judicial y Fiscalía en contra de que criminales adolescentes cumplan condena en cárceles
Ambos organismos consideraron que esta norma contraviene principios constitucionales y compromisos internacionales.
El Poder Judicial y el Ministerio Público expresaron un contundente rechazo a la Ley N.º 32330, que habilita el juzgamiento de adolescentes de 16 y 17 años bajo el sistema penal ordinario.
Ambos organismos consideraron que esta norma contraviene principios constitucionales y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Los pronunciamientos se conocieron pocas horas después de la publicación oficial de la ley, que modifica la edad mínima de responsabilidad penal para delitos graves.
El PJ sostuvo que esta medida “introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición de los adolescentes”, atentando contra el artículo 4 de la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.
“El sistema penal juvenil debe orientarse a la rehabilitación y reintegración, no al castigo en cárceles para adultos”, señalaron las autoridades judiciales, que además recordaron que los jueces pueden ejercer control difuso para inaplicar la norma si resulta inconstitucional.
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La Fiscalía, por su parte, afirmó que la norma representa un “retroceso inadmisible” en la protección de los derechos de los menores de edad.
“En el Perú ya existen medidas socioeducativas severas, con hasta diez años de internamiento para adolescentes que cometen delitos graves, dentro de un marco de reinserción”, enfatizó el MP.
Ambas instituciones coincidieron en que la norma 32330 vulnera el principio del interés superior del niño, así como el principio de no regresividad, al debilitar el nivel de protección alcanzado en las últimas décadas.
A ello sumaron que la disposición contradice estándares establecidos por organismos como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
“El Comité ha advertido que juzgar a menores como adultos no es compatible con el derecho internacional. Esta ley ignora esas advertencias”, recalcaron voceros de ambas entidades.
Poder Judicial y Fiscalía
Frente a este escenario, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía exigieron la urgente implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento.
El marco normativo en mención establece mecanismos diferenciados de justicia restaurativa y terapéutica, en concordancia con los compromisos asumidos por el Estado.
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