Presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, defiende independencia frente a Corte IDH: así fue su tajante respuesta
Enfatizó que, una vez que las leyes son aprobadas por el Congreso y promulgadas por la presidenta, entran en vigencia inmediatamente.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, declaró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no posee la autoridad para ordenar al Poder Judicial del Perú que intervenga en la promulgación de leyes.
Durante una rueda de prensa, Arévalo abordó diversas temáticas relacionadas con la implementación de nuevas leyes y su impacto en el sistema judicial peruano.
Arévalo enfatizó que, una vez que las leyes son aprobadas por el Congreso y promulgadas por la presidenta, entran en vigencia inmediatamente.
"La Corte IDH no tiene el poder de instruir al Poder Judicial para impedir la promulgación de una ley", afirmó Arévalo. Asimismo, subrayó que los jueces peruanos tienen la potestad de aplicar el control solo si consideran que alguna ley atenta contra la Constitución o convenios internacionales.
En estos casos, los magistrados pueden decidir no aplicar la ley sin temor a sanciones. Otra opción mencionada por Arévalo es recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la constitucionalidad de una ley.
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Además, el presidente del Poder Judicial destacó la independencia de los jueces y su responsabilidad en la aplicación de la ley, indicando que cada juez debe evaluar caso por caso y tomar decisiones basadas en su criterio y la legalidad vigente.
Arévalo también discutió la preocupación por la reducción de la carga procesal, especialmente en casos que involucran a una gran cantidad de testigos y pruebas. En este contexto, se consideró la creación de juzgados exclusivos, aunque aún no se tomó una decisión definitiva.
Finalmente, Arévalo reafirmó la importancia de la coordinación y cooperación entre los distintos poderes del Estado y organismos constitucionales, descartando cualquier tipo de enfrentamiento.
"Es fundamental mantener la colaboración entre los poderes del Estado para asegurar el correcto funcionamiento de nuestro sistema judicial", concluyó.
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