Presidente del Poder Judicial: «Se está politizando la justicia»
Con franqueza y acritud, el vocal supremo Javier Arévalo reconoce que algunos magistrados vienen desnaturalizando los procesos penales.
Como hemos venido machacando, tercamente, ante el silencio cómplice de un mayoritario sector de la prensa, concentrada y “Odebrechtmetrada”, los jueces de investigación preparatoria que responden a César Sahuanay, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, han venido avalando, en los últimos ocho años, una serie de atropellos con claro tinte político propuestos por el Ministerio Público, en particular por los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, léase Rafael Vela y José Domingo Pérez, como señala con cruda franqueza en reveladora entrevista el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela (Expreso 14/8/23).
Sin anestesia, el magistrado a cargo de la justicia en el país confiesa: “necesitamos también que los sectores que son usuarios no abusen del uso del servicio judicial y voy a detenerme allí, un paréntesis, siempre he dicho, en este país se está politizando la justicia y se están judicializando la política”. A confesión de parte, relevo de pruebas. El vocal Arévalo Vela ratifica lo dicho por la misión de la OEA que visitó el Perú en las vísperas del golpe de Pedro Castillo: “Se está ante un proceso de judicialización de la política y politización de la justicia, lo que desvirtúa el rol y equilibrio de los poderes del Estado” (1/12/22).
Pruebas al canto
El juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga, permitió que los “fiscalstars”, José Domingo “el jalado” Pérez (y su jefe Rafael Vela), profesores de derecho penal de la “caviarísima” Pontificia Universidad Católica del Perú (pobres alumnos), hagan troche y moche del Código Penal, al haber presentado un mamarracho de acusación penal en el Caso Cócteles, que está plagado de copy and paste y fe de erratas.
Apresuradamente, con el fin de boicotear la candidatura de Keiko Fujimori (11/3/21), el proceso de marras exhibe para vergüenza de la academia, 12 subsanaciones irregulares al requerimiento acusatorio concedidas por el juez Zúñiga y 67 apelaciones congeladas desde hace 11 meses. Asimismo, un soberbio desacato del mencionado juez al amparo concedido a favor del empresario Ricardo Briceño emitido por la Segunda Sala Constitucional (24/4/23). Tan grande es el desorden que, ante la imposibilidad de elevar correctamente los expedientes a la Sala Superior, se ha llegado al colmo de sugerir que dichos vocales acudan a la sala informática, como si fueran a jugar Pinball, equipados con gafas VR para poder revisar el expediente.
De locos
Zúñiga, paisano de Pérez y de Sahuanay, también ha concedido aparatosos desalojos y allanamientos a la Fiscalía, como el realizado contra 170 locales de la Universidad Alas Peruanas –algunos mal pensados opinan que era para buscar la tesis de maestría de la fiscal Benavides–, diligencia que tuvo el acompañamiento ministerial, como si integraran un dueto musical, del entonces ministro de Justicia José Tello y el actual ministro del Interior Vicente Romero, que realizaban declaraciones fuera de lugar en el lugar del allanamiento, como si se trataran de secretarios de juzgado, o abogados de la defensa. Adiós independencia de poderes.
Otra barbaridad reciente de Pérez es haber sindicado al APRA como organización criminal y haber acusado a toda su dirigencia como lavadores de activos, a solo nueve meses de cumplir un siglo de existencia (7/5/1924).
La colaboración eficaz a cambio de chismes
Así como la invención de colaboraciones eficaces a cambio de chismes, como la colaboración otorgada a José y Hernando Graña y la empresa Graña y Montero, que la Fiscalía “compró la tesis”: que no participó asociado a Odebrecht en la licitación del Gasoducto Sur Peruano (30/6/14) por el veto de la primera dama Nadine Heredia. No obstante, las fechas no cuadran: sí se presentaron juntos y perdieron la licitación de la Línea 2 (28/3/14) y no aparecieron juntos, dos meses después, en la presentación del sobre 1 del Gasoducto (29/5/14), todo indicaría que tal desavenencia se habría gestado entre fines de marzo y fines de mayo, sin embargo, no queda claro la presencia de José Graña bebiendo champagne en la juramentación de Daniel Urresti como ministro del Interior en Palacio de Gobierno (23/6/14) en ceremonia encabezada por Nadine y su Cosito, una semana antes de a la licitación del Gasoducto. Una prueba de que estos chismes no sirven para mucho es que la fiscal a cargo del Caso Gasoducto, Geovanna Mori, está solicitando al PJ una nueva ampliación para seguir investigando este caso.
Otra vez Andrés. Es por eso, por las colaboraciones ineficaces y la mano blanda del PJ para conceder prorrogas sin mayor sustento, es que se ha desnaturalizado los plazos de la investigación preliminar y preparatoria, que sobrepasan los seis años en conjunto en los casos de organización criminal y lavado de activos.
Ante esta distorsión, el presidente del PJ advierte: “El Tribunal Constitucional ya ha resuelto de que la persona no puede vivir eternamente sometida al proceso y en esto tiene razón, porque, imagínense, el procesado tiene limitaciones, por ejemplo, para salir del país, para movilizarse incluso dentro del mismo; tiene a veces embargos y otras medidas. Entonces la persona no puede vivir eternamente procesada. Yo creo que estos temas tienen que acabar”. Ahora las dilataciones no tienen perdón de Dios desde que en el Gobierno de PPK (ministra de Justicia Marisol Pérez Tello) se aprobó el Decreto Legislativo Nº 1351 (7/1/17) aumentando el plazo de las investigaciones por organización criminal y lavado activos a 36 meses cada una. Ahora que la justicia es el show del día a día, la ciudadanía puede constatar que los “fiscalstar” están pidiendo ampliaciones extras sobre los seis años de investigación, ejemplo: Caso Gasoducto, Club de la Construcción, etc. Es como pedir un tiempo extra en la final del Mundial de Fútbol, luego de jugar 90 minutos, dos suplementarios y una ronda de penales. El colmo.
Hechos y no palabras
Sobre la prisión preventiva Arévalo indicó: “Creo que debería ser lo último a lo que se recurra”. En el aire quedan las tres prisiones preventivas que sufrió Keiko Fujimori por aporte de campaña, la prisión preliminar contra Alan García por los honorarios de una conferencia en Brasil que terminó en suicidio, etc. A no dudar que estas declaraciones dejan en mejor pie al PJ que organiza en Lima la XXI Cumbre Judicial Iberoamericana (20-22/9/23). En reciente cita preparatoria en Santa Cruz (28-30/6/23), se instaló un grupo de trabajo que propuso un manual de buenas prácticas sobre régimen disciplinario en la carrera judicial. Este comité bien podría escoger como casos de estudio, la gestión de César Sahuanay en la Sala Penal y la de Víctor Raúl Zúñiga en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria. Puede ser que en la reunión salga humo. También es factible que estas señeras declaraciones del vocal Javier Arévalo Vela caigan en saco roto. No hay que olvidar que la palabra emitida es aire y va al aire, como dice el poeta andaluz, pero, para que se recuerde con agradecimiento su gestión debería tomar medidas administrativas enderezando las distorsiones que alude.
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