Procuradora Silvana Carrión arremete contra el TC en medio de acusaciones por favorecer a Odebrecht
Especula que futuros investigados que conozcan acuerdos de colaboración homologados, pueden obstaculizar procesos. Pero, admite que la figura de “progresividad” no existía en la ley.
Al igual que el fiscal José Pérez, la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, criticó la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la publicación del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Según dijo, si luego se incorpora a un nuevo investigado, este conocería de antemano las acciones a tomar.
“Creo que tiene un efecto negativo. El Tribunal Constitucional, al momento de resolver este pedido sobre el acuerdo con Odebrecht, ha resuelto o ha fijado criterios de manera general para la sentencia de colaboración”, sostuvo en RPP, medio de comunicación que recibía dinero de constructoras y de la cooperación de Estados Unidos.
Contra jurisprudencia
En ese sentido, sostuvo que la Sala 2 solo debió aplicar este criterio de derecho a la información, a este caso en específico, y no permitir que se aplique una predictibilidad en situaciones similares.
“Hubiera sido interesante que solamente lo acote al caso Odebrecht, y que se haga la entrega al caso Odebrecht, pero no, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado más allá y lo que ha indicado es que una vez que se aprueba un acuerdo de colaboración y se emite una sentencia, esta recobra la calidad de pública, lo cual no es correcto en el proceso de colaboración eficaz”, aseveró Carrión.
Como se sabe, Carrión está denunciada penalmente y cuestionada públicamente por aparente encubrimiento a la transnacional del delito. Se critica que no haya gestionado la inclusión de un compromiso para que los colaboradores eficaces brasileños no demanden al Estado peruano.
Miembros de sala 2
“El proceso de colaboración eficaz está contemplado como un proceso especial y le rigen los principios de reserva y confidencialidad. Y apenas se aprueba una sentencia es cuando la Fiscalía va a trasladar la prueba a las investigaciones penales abiertas. Incluso estas sentencias tienen información que la Fiscalía está procesando para comenzar denuncias”, añadió la funcionaria.
Hace una semana, en el portal Pasión por el Derecho, el fiscal Pérez había expresado casi los mismos argumentos contra los magistrados Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich.
“Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es darle la posibilidad a esos terceros, que aún ni siquiera están bajo investigación, que conozcan que van a ser investigados. Y eso representa que pueda obstaculizar la investigación, que pueda huir de la justicia, que pueda esconder la prueba. Es una cuestión bastante delicada”, culminó Carrión.
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Otros aspectos que Canal N no le consultó, fue que desde Suiza y Brasil ya había información sobre la Interoceánica Sur y la Línea 1 del Metro de Lima. Asimismo, que Odebrecht (hoy Novonor) admitió otros hechos ilegales, pero se le permitió no aceptar su responsabilidad penal en estos. Sin embargo, dijo que sí se está avanzando con otros proyectos donde sí ha confesado.
“Ha firmado en actas de culpabilidad en el marco del proceso de colaboración eficaz, esas actas culpabilidad en más o menos en ocho proyectos ha reconocido.
En ese sentido, justificó el criterio de “progresividad” pero al mismo tiempo admitiendo que este no existe en las leyes peruanas.
“La cláusula de progresividad no es ilegal. La cláusula de progresividad, eeeh. Si bien es cierto, la norma no dice se tiene que fijar una cláusula de progresividad en las colaboraciones corporativas, sin embargo, en los principios del cuaderno o del proceso de colaboración eficaz, implican que el consenso y la negociación es lo que rige estos procesos especiales”, aseguró.
A su salida de la radio, la funcionaria fue interceptada “casualmente” por un equipo de Canal N, empresa donde tiene acciones José Graña, confeso delincuente cómplice de Odebrecht.
Allí, la procuradora consideró que los cuestionamientos al acuerdo de colaboración son “antiguos”, pero insistió en que este sí ha sido beneficioso para el Perú.
Empresa de graña
“Contiene información que en esos momentos (inicios del 2019) no se conocía. No se conocían los pagos a Alejandro Toledo, a Susana Villarán, a Jorge Acurio. Ha servido para dar sentencias, como a Toledo y funcionarios en el caso bonos soberanos, y en la formulación de catorce acusaciones”, aseguró Carrión.
Como el reportero no le preguntaba cómo se mantuvo en secreto el convenio, si este mismo decía que desde su homologación (2019) ya podía publicarse, la funcionaria siguió explayándose con total libertad.
“Toda la prueba respecto a la cual los acusados tienen que defenderse, obra en su investigación penal, en su expediente judicial”, continuó, ignorando que el juzgado que lleva el proceso de revocatoria a Jorge Barata, no había podido acceder a este documento.
Carrión se refería solo a la sentencia de homologación de la jueza María Álvarez Camacho, y no al acuerdo en sí.
Phillip Butters, quien ganara el habeas data que ha permitido el acceso al acuerdo, ha iniciado nuevos trámites en este sentido. No solo ha solicitado a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sino a la misma procuradora general del Estado, María Caruajulca, que tome acciones.
“Hoy le he presentado a la señora Silvana Carrión el siguiente documento: señora María Aurora Caruajulca Quispe, procuradora general del Estado. Atención Silvana Carrión, ella es la jefa de Silvana Carrión, los documentos donde constan los criterios y fórmulas en hojas Excel, informes y demás material de trabajo que la Procuraduría realizó para proponer que la constructora Norberto Odebrecht solo pague la ridícula suma de 610 millones de soles”, indicó en Willax.
Este pedido solo ha sido posible luego de corroborar en el mismo acuerdo estas cantidades, y algunas de las condiciones que se dieron al respecto. Además, Butters precisa que la Contraloría General de la República ya había establecido un monto mayor: S/1,318’079,662.91.
Butters y caruajulca
La revelación del acuerdo especial ha permitido comprobar el favoritismo de José Pérez y de Silvana Carrión a la empresa más corrupta del país. Según especialistas, eso se corrobora en que la información que den los brasileños, no puede ser usada en su contra en nuevos procesos, pero estos sí pueden utilizarla para demandar al Estado peruano, como ha sucedido en un tribunal arbitral sobre el caso Gasoducto.
“Esto solo demuestra que la creación de un ‘equipo especial’ solo obedeció al oscuro interés de direccionar e instrumentalizar el caso Lava Jato contra los opositores del régimen vizcarrista. Jamás les interesó la justicia. Esos son los ídolos de barro que mucha gente aplaudió”, sostuvo el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular).
Similar razonamiento ha realizado Héctor Ventura (Fuerza Popular), en el sentido de que el proceso se politizó, y ahora perjudica económicamente al Perú.
“Develado el nefasto acuerdo con Odebrecht, queda en evidencia las motivaciones políticas que siempre tuvieron los fiscales Sánchez, Vela, Pérez y otros responsables. El objetivo siempre fue anular adversarios políticos. Se debe abrir camino a una nueva investigación multisectorial”, indicó.
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