Pronatel pierde arbitraje y paga más de US$ 10 millones a empresa por resolución indebida de contrato
Contrato millonario fue resuelto indebidamente. Proyectos de telecomunicaciones en Piura y Tumbes siguen detenidos.
Un nuevo informe de la Contraloría General de la República reveló que el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) desembolsó US$ 10’028,467 en concepto de indemnización a una empresa privada, tras perder un proceso arbitral internacional.
El pago responde a una decisión del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), y seis funcionarios de Pronatel estarían involucrados por presunta responsabilidad civil en el daño económico al Estado.
Según el documento de control, Pronatel rechazó sin justificación una solicitud de ampliación de plazo por parte de la empresa contratista y procedió indebidamente a resolver un contrato de financiamiento no reembolsable superior a US$ 98.5 millones.
Este contrato tenía como fin ejecutar dos proyectos de telecomunicaciones que beneficiarían a zonas rurales de Piura y Tumbes con acceso a Internet de alta velocidad.
Actualmente, ambos proyectos están paralizados, lo que afecta directamente a 422 comunidades rurales, así como a 428 instituciones educativas públicas, 254 centros de salud y 35 comisarías. Estas entidades no han podido acceder al servicio de banda ancha debido a la suspensión de la instalación de infraestructura tecnológica necesaria para su conectividad y desarrollo integral.
Plazos negados
Durante el desarrollo del contrato, Pronatel aprobó seis ampliaciones de plazo, cinco de ellas relacionadas con problemas para la adquisición de terrenos necesarios para la instalación de nodos del proyecto. Esta dificultad fue catalogada como no atribuible a la empresa contratada.
El informe de la Comisión Auditora confirma que Pronatel reconoció previamente que el impedimento para cumplir con el cronograma se debía a la falta de saneamiento legal de predios y al rechazo de algunas comunidades, una situación recurrente en los proyectos de banda ancha ejecutados por la entidad.
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Sin embargo, cuando la empresa solicitó una séptima ampliación basada en los mismos argumentos, esta fue denegada. Acto seguido, Pronatel exigió la ejecución de las obligaciones contractuales en un plazo de 15 días, bajo amenaza de resolución, lo que finalmente ocurrió.
En ese momento, la fase de Red de Transporte tenía un retraso de 248 días, y la de Red de Acceso acumulaba 186 días de demora.
Frente a esta situación, en mayo de 2019, la empresa interpuso un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI en París. La demanda, presentada en febrero de 2021, se basó en el supuesto incumplimiento contractual por parte de Pronatel y en la negativa a otorgar una última extensión de plazo.
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